Desde el año 2015, el Código Penal de Alemania castigaba con penas de hasta tres años de prisión las actuaciones tendentes a promocionar con fines comerciales servicios asociados al suicidio asistido. Ahora, el Tribunal Constitucional del país germano ha estimado un requerimiento de un colectivo de médicos y pacientes disconformes con estas medidas penales, y ha anulado esta disposición.
Paso adelante en Alemania en relación al suicidio asistido, después de que el Tribunal Constitucional de este país haya despenalizado las campañas y acciones publicitarias asociadas a esta práctica, ilegalizadas en el Cogido Penal germano desde el año 2015.
En concreto, la legislación preveía penas de hasta tres años de cárcel para todas aquellas personas o empresas que promoviesen el suicidio asistido mediante campañas comerciales. Cabe destacar que esta restricción atañía a empresas y agentes privados que pudieran buscar beneficio económico con sus tareas de promoción de la muerte asistida, pero dejaba al margen a las personas del entorno del paciente que pudieran mostrarse de acuerdo con la determinación adoptada por esta persona.
Poco después de la inclusión de esta normativa restrictiva en el Código Penal alemán, un colectivo de médicos, pacientes y familiares, que se habían mostrado en desacuerdo con la medida, presentó un recurso ante el Constitucional. Finalmente, el Alto Tribunal ha apoyado sus argumentos al considerar que cualquier ciudadano tiene el derecho de decidir el momento y la forma de su fallecimiento y de buscar para ello ayuda externa.
En la sentencia, los magistrados exponen que las leyes pueden promover la prevención del suicidio o potenciar las atenciones paliativas a pacientes terminales. Sin embargo, a juicio del Constituciónal, no se pueden perseguir actuaciones que competen únicamente al ámbito de la libertad personal.