El Consell podría haber evitado antes el conflicto con MAC Insular

El Consell de Mallorca aprobará en su próximo pleno una modificación del contrato de gestión de residuos que tiene suscrito desde hace casi 20 años con MAC Insular. La reinterpretación de lo firmado permitirá acabar con los conflictos judiciales que se han prolongado a lo largo de 12 años y que llevaron a los responsables políticos a plantear la nulidad del contrato, una opción descartada tras el demoledor informe en contra del Consell Consultiu. Mejor no exponerse a una indemnización millonaria. De hecho, las tarifas de servicio público no se han revisado durante años y la concesionaria ha visto cómo se acumulaban sus pérdidas, lo que le llevó a presentar diversas reclamaciones judiciales.

En la mayoría de casos, evitar un pleito a través de un pacto extrajudicial es una buena noticia. Si el litigio en cuestión puede acarrear una indemnización millonaria a cargo de unos presupuestos públicos, la noticia se puede calificar como excelente.

Cabría preguntarse cómo se ha llegado a esta situación tras doce años de desencuentros, y si esta solución era factible mucho antes. Cabe recordar que el hecho que provocó hace unos meses el desbloqueo de la situación fue un auto judicial que instaba a la administración insular y sus responsables políticos a cumplir con su obligación contractual de revisar las tarifas del contrato, bajo amenaza de responsabilidades patrimoniales personales para políticos y funcionarios.

No se entiende bien la afirmación de la vicepresidenta del Consell y responsable de Medio Ambiente, la podemita Aurora Ribot, cuando habla de un contrato en “condiciones muy ventajosas” para la empresa concesionaria, cuando los propios informes de la institución reconocen pérdidas millonarias de MAC Insular a lo largo de los años en la explotación del servicio público. La pasividad de la administración ante esa situación es la que ha generado el riesgo de indemnizaciones millonarias.

La necesidad de modificar el contrato inicial era conocida hace años por las dificultades que presentaba su interpretación y cumplimiento. No en vano es una de las concesiones que más veces ha sido auditada a lo largo de los años, y todos los informes externos apuntaban en esa dirección. Esa modificación solo era factible desde la negociación entre las partes si se quería evitar un escenario de inseguridad jurídica, que siempre es indeseable porque la experiencia demuestra que el coste que generan las decisiones unilaterales lo terminan pagando los ciudadanos (rescate túnel de Sóller, indemnizaciones urbanísticas….).

Este acuerdo entre la administración insular y la empresa concesionaria es un ejemplo a seguir. Pero también es una prueba de los riesgos que acarrea una gestión negligente de los asuntos públicos en un estado de derecho.

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