Con este texto, impulsado por el PSOE, todos aquellos "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres", serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.
Además, el dictamen de la Comisión de Justicia aprobado incorpora dos cambios introducidos fruto de una transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Cs para que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.
No ha sido incluida, sin embargo, una enmienda de los nacionalistas vascos que, tal y como ha explicado su portavoz en este debate, Mikel Legarda, reclamaba la garantía de una zona de seguridad en torno a las clínicas de 150 metros con el objetivo de que quedara "garantizada" la "intimidad", "libertad" y "seguridad" de las mujeres, así como su libre circulación y la de los profesionales médicos.
El rechazo a esta medida no ha variado la posición del PNV ante esta iniciativa. Legarda se ha dirigido a quienes cuestionan esta medida por limitar la libertad de expresión y manifestación, y ha asegurado que "una cosa" es usar esas libertades para "expresar el rechazo" a una regulación y otra "intimidar", "hostigar", "coaccionar" y "señalar" a "personas particulares concretas" que quieren ejercer "sus derechos reconocidos" y "limitando su capacidad de obrar".
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