El juzgado de instrucción número 6 de Palma ha condenado por un delito de intrusismo profesional a una joven de 24 años a la que se imputa la realización de diagnósticos y facilitar atención a, como mínimo, tres caballos con dolencias sin disponer de titulación requerida para ejercer la profesión veterinaria.
Así lo corroboraron las investigaciones llevadas a cabo y el posterior atestado de la Guardia Civil. El Tribunal ha considerado probados los hechos, ocurridos durante los primeros meses del año pasado y denunciados por el Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares (COVIB).
A partir de esta resolución judicial, se condenó a la acusada a abonar una multa de 3 euros diarios durante el periodo de cuatro meses, así como al pago de las costas procesales.
Según la sentencia, esta joven de 24 años de edad facilitó tratamiento, al menos, a tres caballos que son propiedad de un particular, uno de los cuales presentaba alteraciones en el hueso navicular, en varias ocasiones, durante los primeros meses de 2020.
TARIFA DE UNOS 100 EUROS
La acusada utilizó láser y pinchos metálicos, ejerciendo presión en diferentes puntos de los tendones y músculos de los animales, efectuando manipulación manual y la recolocación de vértebras y articulaciones. Por cada uno de estos trabajos, la imputada cobró una tarifa inferior a los 100 euros.
El COVIB interpuso la correspondiente denuncia al tener conocimiento de estos hechos. En este sentido, su presidente, Ramon García, ha mostrado su satisfacción por la condena: “A pesar de que en este caso la multa es casi simbólica, todo lo que sea combatir por vía judicial el intrusismo, en cualquier ámbito profesional, es una buena noticia”.
Según García, en el caso de la medicina veterinaria, “un diagnóstico erróneo o el tratamiento inadecuado de una dolencia por falta de calificación puede tener unas consecuencias nefastas para el animal, y por eso se ha convertido en una de las grandes luchas del colectivo".
COLABORACIÓN CIUDADANA
Para el presidente de los veterinarios de Baleares, este tipo de condenas “también son importantes para que tanto colegiados como particulares que conozcan casos parecidos se animen a denunciarlos, ya que no son fáciles de demostrar y es la única manera que tenemos para abordarlos”.
A este respecto, Ramon García ha recordado que en el transcurso de los últimos años se ha logrado que la Justicia “haya impuesto varias condenas en casos similares, gracias a la colaboración ciudadana”.
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