Ninguna autonomía planea acogerse al estado de alarma propuesto por Sánchez

De esta manera, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP) ha abogado por una alternativa similar a la que promueve el líder nacional de su partido, Pablo Casado, que pasaría por la modficación de las leyes actualmente vigentes. El dirigente popular ha anunciado que su gabinete enviará en breve al Gobierno central una propuesta para cambiar la Ley General de Salud Pública con el objetivo de que se gestionen las posibles privaciones o restricciones que se deriven de las medidas de contención de la pandemia.

En Castilla y León tampoco convence la oferta de Sánchez, que en realidad siempre estuvo encima de la mesa, porque la propia ley que regula los estados de alarma así lo establece. El presidente de esta comunidad, Alberto Fernández Mañueco (PP), prefiere un criterio técnico común a todas las autonomías, ya que la opción de recurrir al estado de alarma equivale, en su opinión, a que Sánchez "se eche a un lado".

En Madrid, donde los contagios por coronavirus mantienen una fuerte tendencia al alza y se han duplicado en las últimas 24 horas, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado (Ciudadanos, socio del PP en esta comunidad) ha dejado claro que, a pesar de la evolución de la pandemia, no está previsto solicitar el estado de alarma. Su apuesta pasa por declarar confinamientos puntuales en poblaciones concretas, así como restringir "la movilidad insegura".

Por su parte, Elías Bendodo, portavoz de otro gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, la Junta de Andalucía, ha asegurado que la propuesta es "una irresponsabilidad". A su juicio, la restricción de la movilidad "es una de las medidas más eficaces frente a la expansión del coronavirus", pero ha matizado que una actuación de estas características "no es fácil de adoptar para las administraciones".

INDIFERENCIA EN LAS COMUNIDADES SOCIALISTAS

Los presidentes de las autonomías gobernadas por el PSOE han evitado criticar abiertamente la propuesta de Sánchez, pero tampoco se plantean, salvo un giro brusco de los acontecimientos, optar por el estado de alarma. En Baleares, la socialista Francina Armengol, quien este miércoles ha anunciado más medidas para detener la propagación de los contagios, como la prohibición total de fumar en espacios al aire libre o la reducción de aforos en establecimientos de hostelería, ha subrayado que no baraja el estado de alarma, aunque sí limitaciones de la movilidad.

En Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE) tampoco sopesa pedir al Gobierno una normativa tan restrictiva, ya que, según ha indicado, "aplicar medidas excepcionales sin afectar a la movilidad entre regiones tendría poco sentido en este momento". Desde su punto de vista, "las medidas de este tipo o son de confinamiento integral o no merecen la pena".

El presidente de Extremadura, el también socialista Guillermo Fernández Vara, ha indicado que en su comunidad "no se dan las circunstancias" para la promulgación del estado de alarma. Para el dirigente extremeño, el presidente del Gobierno se limitó a "exponer lo que ya sabíamos, que es que es posible ejercer esta posibilidad".

En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE) también ha descartado el estado de alarma, si bien ha reconocido "no entender" las críticas lanzadas contra Sánchez por exponer la opción del estado de alarma. Puig ha reconocido que su gabinete "estudia todas las opciones" porque, siguiendo su argumentación, "la prioridad es la protección de la salud pública". En términos similares se ha pronunciado el gobierno de La Rioja.

Desde Cantabria, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, entiende que "no existe ninguna circunstancia" actualmente para reclamar del estado de alarma en todo o en parte de la geografía de la comunidad.

Finalmente, Navarra, por ahora, tampoco contempla acogerse a esta medida, según el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez.