El Estado contra CiU

El Estado contra CiU

Desde que el viernes 16, justo en el ecuador de la campaña electoral de las elecciones en Catalunya, el periódico El Mundo publicase datos de un supuesto borrador de informe policial de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que presuntamente implicaría a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en una trama de financiación ilegal y a sus principales dirigentes de los últimos años, Jordi Pujol y Artur Mas, con cuentas bancarias millonarias en paraísos fiscales, la campaña electoral catalana está absolutamente rota.

El pretendido borrador policial del que el juez del caso Palau se ha desmarcado, afirmando que ni lo conoce ni lo encargó, y el ministerio del Interior afirma que aún no sabe quién lo elaboró ni para qué, aunque sostiene que se basa en cuatro informes policiales con datos que fueron remitidos al juez entre noviembre y abril con datos de confidentes, notas de Internet y anónimos, podría ser una prueba obtenida ilícitamente  con lo que aunque las informaciones contenidas en el informe fueran verídicas, la legalidad de su obtención es más que dudosa y comprometería cualquier actuación judicial que tuviera como base dichas informaciones.

Una prueba obtenida ilícitamente, mucho más si se trata de diligencias policiales efectuadas ilegalmente o sin supervisión de jueces y/o fiscales, sería radicalmente invalidada. Del mismo modo que una conversación telefónica interceptada sin autorización judicial anula cualquier proceso penal.

Incluso el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet afirmó que “yo lo filtro a la prensa sin ningún cargo de conciencia” y defendió las filtraciones a la prensa de documentos policiales para luchar contra la corrupción cuando el juez no haga nada al respecto. Estas declaraciones hechas en por este veterano dirigente sindical demuestran por sí solas que las filtraciones de investigaciones policiales a determinados medios de comunicación son un instrumento torticero para torcer la voluntad de jueces y fiscales y presionar así a través de la opinión pública debidamente manipulada. Por no hablar que cualquier investigación penal hecha al margen del juez y el fiscal, que son quienes deben velar por los derechos de los investigados, es papel mojado como todo el mundo sabe. También los policías.

La sospecha de que la filtración del pretendido borrador, del que nadie sabe la autoría, obedece a una maniobra turbia para frenar al candidato de CiU y President de la Generalitat, al que todas las encuestas dan por claro vencedor de las elecciones al borde de la mayoría absoluta, cobra fuerza día a día. Los autores de esta maniobra de guerra sucia no podían esperar a la conclusión de las investigaciones, en el caso que estas existan, y mucho menos a un pronunciamiento judicial. Había que actuar de manera inmediata y así se hizo: en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas. La convocatoria adelantada de elecciones en Catalunya pilló absolutamente por sorpresa a los aparatos del Estado, como ha reconocido el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy y se vieron obligados a improvisar, como se comprueba a cada minuto que pasa.

Casualmente, el medio de comunicación que se prestaría a tal maniobra difundiendo el borrador y actuando de ariete es el periódico El Mundo. Este rotativo está alineado con la derecha españolista y es frecuentemente el medio al que la Policía filtra documentos que afectan a políticos. Así sucedió hace unos meses cuando alguien desde la Guardia Civil filtró a El Mundo cuando aún el sumario estaba declarado secreto, un informe donde constaba que el entonces Delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, estaba siendo investigado por su participación en el denominado caso Over de presunta financiación ilegal del PP de Baleares. Rodríguez tuvo que dimitir de su cargo el 17 de julio, tras haber ordenado al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil que iniciara una investigación sobre la filtración de un informe que se hallaba bajo secreto del sumario.

El juez que instruye el caso Palau de la Música de Barcelona, el magistrado Josep Maria Pijuan, convocó el lunes 19 al comisario jefe de la UDEF a fin de pedir explicaciones sobre el controvertido borrador de informe que él niega haber encargado ni conocer.

El mismo lunes 19, Artur Mas y Jordi Pujol presentaron en el juzgado de guardia de Barcelona sendas querellas contra el periódico El Mundo. Y el partido de ambos presidentes de la generalitat, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha presentado una denuncia ante la fiscalía contra la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por delito electoral, falsedad documental, usurpación de atribuciones judiciales, infidelidad en la custodia de documentos y descubrimiento y revelación de secretos.

No se recuerda caso igual desde que hay democracia en España. Tanto PP como PSOE parecen haber optado por ir a por los líderes de CDC como fórmula para abortar el proceso de consulta popular sobre la independencia de Catalunya. Concretamente el gobierno del PP parece dispuesto a parar a Artur Mas recurriendo a cualquier medida que sea necesaria, utilizando todos los recursos del Estado y empleando atajos, como difundir un borrador policial que nadie firma para extender la sombra de la corrupción sobre sus rivales políticos.

Todo lo visto hasta ahora recuerda mucho a la persecución sufrida por Unió Mallorquina en Baleares, el partido que decidía con su voto el color del gobierno autonómico. A pequeña escala, cual si fuera una maqueta en la que ensayar los efectos de un terremoto, se acosó a UM hasta el punto de investigar cada contrato, cada partida presupuestaria, cada votación, cosa que no se ha hecho jamás con ninguna otra fuerza política.

Esta campaña acabó con el registro policial de la sede de UM el 25 de febrero de 2011 y la disolución de una formación decisiva en el panorama político balear. Tras la disolución de UM, partido con cuyos votos el PSOE había logrado formar gobierno en las dos ocasiones en que Francesc Antich fue presidente (1999-2003 y 2007-2011), el Partido Popular logró la mayoría absoluta con 35 escaños de 59 posibles en la cámara autonómica.

Baleares ha sido un excepcional laboratorio de cómo acabar con una formación política utilizando los recursos del Estado y recurriendo a informaciones periodísticas para obligar a jueces y fiscales a actuar contra UM.

Ahora en Catalunya se llevan a cabo maniobras igual de turbias que las llevadas a cabo en Baleares. Desde un medio de comunicación escrito se acusa al juez y a los fiscales de no investigar, se les acusa de connivencia con el nacionalismo catalán y se esparce la sospecha sobre los rivales políticos para acabar con ellos, sin ninguna prueba lícita. Se carga contra el juez instructor porque no hace lo que El Mundo quiere y se le acusa de ser patrono de honor de una fundación dedicada a la reinserción de presos que ha recibido dinero público. Todo vale. Se pretende impulsar una causa general contra CDC y sobre su candidato en base a falsedades. Y si la policía y los fiscales no hacen lo que se les dice, pues se filtra un borrador de informe policial que esparce la sospecha, se dice que todo es vox populi y que los encargados de la investigación están en connivencia con los investigados y por ello algún “policía cabreado”, en palabras de Fornet, ha decidido filtrarlo. Hasta el ministro de Hacienda Montoro se presta a acusar gratuitamente e insinuar que Artur Mas debe dar explicaciones de sus cuentas en el extranjero: “Quien debe comparecer es quien tiene cuentas en Suiza”, afirmó, ignorando que Artur Mas ya ha comparecido y lo ha negado rotundamente. También de María Antonia Munar se dijo que tenía cuentas en el extranjero, aunque nunca se ha probado y ella lo negó siempre.

El paralelismo entre CDC y UM y entre Artur Mas y María Antonia Munar incluso lo ha puesto sobre la mesa Esteban Urreztieta con un artículo publicado el jueves 22 titulado “Mas emula a Munar”. Es muy elocuente que quienes protagonizan ahora desde las páginas de El Mundo la campaña de acoso y derribo contra CDC y Artur Mas junto a Eduardo Inda, a la sazón director de la edición balear, son quienes protagonizaron  idéntica campaña contra la formación nacionalista Unió Mallorquina. Los científicos que experimentaron en su laboratorio de Mallorca cómo acabar con un partido político, ahora ponen su experiencia acumulada al servicio del nacionalismo españolista.

El fiscal jefe de Catalunya ordenó la incoación de diligencias de investigación contra el periódico El Mundo por un delito de calumnias, al considerar que la información publicada es “falsa y mendaz”. Y solo unas pocas horas más tarde el fiscal general del Estado, que depende directamente del Gobierno, le desautizó diciendo que ni estaba al corriente de sus intenciones ni compartía el proceder del fiscal jefe de Catalunya. Esto da verosimilitud a las sospechas de Artur Mas, quien advirtió que Mariano Rajoy no era ajeno a lo que estaba sucediendo sobre la irrupción en la campaña electoral del informe policial fantasma.

Por si no fuera poco, un ultraderechista golpista como Antonio Tejero Molina, el ex teniente coronel de la Guardia Civil que asaltó el Congreso de los Diputados para frenar la transición en 1981, ha denunciado ante la fiscalía a “Arturo” Mas por provocación, conspiración y proposición para la sedición. Él, que fue condenado a 30 años de reclusión por un delito consumado de rebelión militar reincidente.

El domingo 25 de noviembre comprobaremos si las maniobras de guerra sucia contra CDC y contra Artur Mas provenientes de las cloacas del Estado, han tenido éxito o si han fracasado.