"Los casos de Mallorca evidencian una crisis del modelo de protección de las menores tuteladas"

La eurodiputada del PP por Baleares, Rosa Estaràs, ha señalado este martes que existe una "crisis en el modelo de protección" de las menores tuteladas que se debe "replantear".

Estarás ha apuntado a los "problemas de burocracia" que hay en este sentido. "Nos han dicho que los educadores están tan pendientes de hacer informes que a veces no se pueden dedicar como deberían a los niños", ha manifestado.

Asimismo, ha considerado que para combatir esta lacra se debe trabajar con las familias biológicas, poniendo el ejemplo el relato de un menor que se escapaba del centro para ver a su madre.

"Hay que revisar toda la política de protección, estas ideas son las que se plantearán a la comisión para que todo esto no vuelva a pasar, y para ello es muy importante la coordinación y que las autoridades no tengan miedo de colaborar", ha concluido.

PSOE: "TRANSPARENCIA" DE LAS INSTITUCIONES

Por su parte, la eurodiputada de los socialistas por Baleares, Alícia Homs, ha valorado este martes la "transparencia" con la que las instituciones han respondido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y ha criticado que Vox "venga con conclusiones desde casa".

Sobre esto, ha sostenido que se trata de una "lacra social" que se debe abordar "a nivel europeo" porque "no solo ocurre en Mallorca, sino mucho más allá". Asimismo, ha insistido en que las instituciones "se han puesto al servicio de la Comisión ofreciendo toda la información y expresando los mecanismos de coordinación, todo con un margen de mejora".

En este sentido, aunque ha reconocido que "la situación no es perfecta", ha asegurado que "no se ha dado la espalda, no se ha mirado a un lado y se han ofrecido todos los datos posibles".

Por último, ha criticado que Vox no haya asistido este martes a la visita a la Fundación Natzaret. "Si tanto les preocupa esta situación, me parece muy fuerte que no hayan asistido al encuentro con menores", ha dicho la eurodiputada, al tiempo que ha ironizado con que la formación "olvidó la documentación que se dio para tener en cuenta las conclusiones" porque vienen con las suyas propias "desde casa".

FALLOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Finalmente, la vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundua, ha manifestado que para evitar lo ocurrido en Baleares con las menores tuteladas, lo que debe hacer el Gobierno central es transponer correctamente la directiva europea y el IMAS, que gestiona los centros de acogida y abordar políticas de prevención específicas para estos menores.

PLAZO DE TRES MESES PARA EMITIR EL INFORME

Esta delegación ha estado presidida por el eurodiputado alemán Peter Jahr (PPE) e integrada por los eurodiputados Manuel Pizarro (S&D, Portugal), Ramona Strugariu (Renew, Rumanía), Rosa D'Amato (Greens/EFA, Italia) y Kosma Zlotowski (ECR/Polonia).

Estos eurodiputados han venido acompañados por los eurodiputados españoles Rosa Estaràs (PPE), Alícia Homs (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew) y Jorge Buxadé (ECR).

En rueda de prensa, Peter Jahr, ha puesto de ejemplo que uno de los temas "más controvertidos" será concluir en si existe o no una red de prostitución en la isla.

"En tres meses presentaremos un informe que incluirá toda la información recibida estos días, primero hay que proceder a las valoraciones, dejar reposar la información y reflexionar sobre ella", ha dicho Jahr. Con todo, ha insistido en que la fecha es orientativa, ya que hay casos en que los informes tardan "hasta un año".

CONCLUSIONES PROVISIONALES

Durante la comparecencia, Jahr ha trasladado algunas de las conclusiones provisionales que la comisión ha extraído tras las entrevistas con peticionarios, periodistas, expertos, Govern y Consell de Mallorca.

La primera de ellas es que, dentro de estos muchos niveles, "hay una cosa muy clara", y es "que nadie desea que exista explotación sexual de menores, tampoco en situación de tutela", ha subrayado, al tiempo que ha citado las palabras del director del centro Nazaret que les inisistió en que "todos tenemos que sentarnos para buscar un lenguaje común".

En este punto, ha destacado que aunque "hay muchos niveles ordenados donde las competencias funcionan muy bien cuando hace buen tiempo, también deben saber funcionar cuando hay catástrofes". Por tanto, "queda claro que hay algunas cosas que se pueden mejorar".

"Está la realidad, la manera que tenemos de que las instituciones se comuniquen con los centros de menores, de trabajar y cooperar mejor con Policía y Fiscalía, me ha sorprendido el orden que tienen estas competencias, pero a veces se convierten en obstáculos", ha valorado. En este punto ha reiterado que "de nada sirve pelearnos por quién tiene las competencias. Nadie desea que exista esta explotación de menores; existe una legislación al respecto pero la aplicación está lejos de ser óptima".

En este sentido, ha concluido que el informe debe tener "un recorrido a nivel general" y que "cuanto más consenso tenga, mejor será el resultado a nivel político".

DOS DÍAS DE DECLARACIONES

Los trabajos de la delegación se iniciaron este lunes con un encuentro con los tres peticionarios que habían solicitado al Parlamento Europeo llevar a cabo esta investigación. Posteriormente, los eurodiputados se reunieron con familiares de las víctimas y con periodistas que han seguido esta información.

Por la tarde, comparecieron ante los eurodiputados en el Consolat de la Mar, sede del Ejecutivo autonómico, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Armengol pidió al Parlamento Europeo una directiva específica contra la explotación sexual infantil, y reclamó que la lucha contra esta lacra sea "una prioridad en toda Europa".

Tanto Armengol como Santiago informaron a los eurodiputados sobre protocolo balear de detección de la explotación sexual infantil, que, según afirmaron, es "pionero en España", y que fue aprobado la pasada legislatura.

Las representantes de Govern explicaron las tareas de coordinación y formación realizadas por la institución en el marco de sus competencias y entregaron a la delegación europea los diferentes protocolos y acciones impulsados en las islas, que ya se enviaron a la Eurocámara en su momento, por si pueden ser de utilidad para unificar normativas y criterios de actuación.

"ME QUITARON A MI HIJA"

Uno de los momentos más impactantes se produjo en la tarde de este lunes durante la declaración de algunos de los padres y madres de niñas que han sido víctimas de estas situaciones. Una de las progenitoras afirmó ante los medios de comunicación que si en su momento estos padres perdieron la tutela sobre sus hijas "fue para que se las llevaran a un lugar mejor, a un sitio más seguro", requisito que, en su opinión, no se habría cumplido durante la estancia de estas menores en los centros.

Además, otra madre aseveró que "si nos quitaron a nuestras hijas, era para que el IMAS les hubiera procurado un lugar seguro".

Otra de las madres explicó que las víctimas eran "chicas de 14 años que se sentían maravilladas ante los regalos y el dinero que les ofrecían sus agresores". En este sentido, ha recordado que a esta edad, las adolescentes "son muy vulnerables frente a ciertas propuestas, y en este caso no han tenido una autoridad que les protegiera", en directa referencia al Consell de Mallorca y el IMAS.

CLADERA Y RESPONSABLES DEL IMAS

La jornada de este martes ha recogido las declaraciones de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, quien ha atribuido a la labor de la institución, 37 detenciones por explotación de menores, además de reconocer la gravedad de los casos, aunque ha insistido en que Mallorca sigue siendo un "referente" para el resto de países en la gestión de esta problemática.

Tanto Cladera como los los consellers de Presidencia y de Derechos Sociales Javier de Juan y Sofia Alonso, respectivamente, y el vicepresidente del IMAS, Jaume Tortella, han detallado las actuaciones llevadas a cabo durante la presente legislatura.

Durante la comparecencia han aportado documentación que avala la creación y seguimiento de los protocolos de actuación "que han supuesto la detención de hasta 37 personas en la isla en relación con casos de ESCIA", explotación sexual comercial infantil y adolescente.

Cladera ha insistido en que la institución que presiden no niega ni elude la problemática aunque, ha destacado, no hay casos de explotación sexual dentro de los centros ni hay técnicos implicados. Cladera ha asegurado que Mallorca "puede ser guía y referente" par abordar esta problemática en el resto de Europa.