La Fundación Círculo Balear ha anunciado un recurso a la ley que se apruebe en el Parlament y que devolverá la condición de requisito al conocimiento del catalán para poder optar a un puesto de trabajo en la administración pública.
Para la Fundación, "el gobierno autonómico vuelve a utilizar la lengua para discriminar a los ciudadanos. Prohíbe en la práctica que los ciudadanos de otras comunidades puedan trabajar en la administración pública balear, dificultando así la libre circulación de españoles en su propio país".
La Fundación argumenta que no se exige certificado alguno de conociemiento del castellano, y el cambio de ley, "impide incluso que un ciudadano de Balears que tenga como lengua materna el mallorquín, menorquín o ibicenco pueda trabajar sino aprueba el certificado de catalán. Prima el conocimiento del catalán sobre la excelencia académica y profesional del trabajador", ecplican en un comunicado.
Además resaltan el hecho de que "se prohíben los topónimos con denominación oficial en español, eliminando cualquier referencia al mallorquín, menorquín o ibicenco e imponiendo el catalán en todos los ámbitos de la administración".
El presidente de la FNCB, Jorge Campos, ha informado que la entidad "defenderá los derechos de los ciudadanos ante la obsesión enfermiza de Armengol y sus socios con la imposición del catalán. Revisaremos las bases de las convocatorias de plazas impugnando y recurriendo ante los tribunales todos los casos discriminatorios que se produzcan. Los ciudadanos discriminados en su trato con la administración tienen a su disposición los servicios jurídicos de la FNCB"
Para Jorge Campos "este gobierno no respeta ni los derechos de los ciudadanos ni las sentencias del Tribunal Constitucional como la que avaló la reforma anterior*. Una reforma que, por cierto, únicamente supuso un pequeño, e insuficiente, avance para el bilingüismo y la libertad lingüística". "La acción de gobierno del ejecutivo balear se define en tres palabras: Destruir, prohibir e imponer".