Cerrada por vender comida caducada a colegios y hospitales de Mallorca

Comida caducada, almacenada en unas condiciones higiénicas deplorables y con un público amplio y variado: hospitales y colegios, entre otras entidades.

Según ha podido saber mallorcadiario.com, la empresa de distribución Villamar 2000 -ubicada en el polígono de Son Castelló- ha sido clausurada por la Policía Nacional y sus tres propietarios -miembros todos de la misma familia- han sido detenidos.

Se trata de una empresa familiar de distribución de conservas vegetales, pescado, pasta, mermeladas... y otros productos alimentarios cuyo destino eran centros hospitalarios y educativos. 

Los agentes de seguridad les acusan de supuestos delitos de falsedad documental, otro contra la salud pública y por, aparentemente, incumplir los derechos del trabajador. Otros cinco trabajadores de este negocio que también son de nacionalidad española, han sido imputados por delitos contra la salud pública.



La brillante labor policial culmina tras semanas de indagaciones -por parte de agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF)- cuando se conoció la existencia de una empresa familiar en la que podrían estar cometiéndose delitos contra los derechos de los trabajadores.

A raíz de estas se averiguó que además, por parte de la dirección de la empresa y con la participación de varios trabajadores, se podrían estar falsificando las fechas de caducidad de los productos que repartían por distintas instituciones, y que los almacenes en los que se guardaban carecían de las condiciones higiénicas y salubridad necesarias.

También los vehículos de reparto de mercancías -refrigeradores-, no funcionaban o simplemente se repartía en furgonetas-camiones sin el sistema necesario de frío.

Tras comprobar esos extremos, ayer miércoles hacia las 07,00 horas, un dispositivo formado por agentes de extranjería, científica y seguridad ciudadana hicieron un registro en la empresa, en cuyo local hallaron etiquetas en blanco para grabar fechas de caducidad, disolventes para borrar fechas, productos caducados y manipulados, equipos informáticos, y documentación varia.

Según la Policía Nacional, los trabajadores imputados han alegado que participaban en los hechos por temor a quedarse sin trabajo, y han relatado que eran obligados a trabajar más horas de la normativa sin recibir remuneración a cambio.

También apunta la Policía Nacional, estos han relatado que eran amenazados con el despido en caso de protestar, obligados a conducir con sobrepeso los vehículos de carga y con descuentos en el salario si se estropeaba la mercancía.