Cerco al negocio de las denuncias falsas de turistas

El gobierno británico ha optado por atajar de raíz el problema que suponen para la industria turística las miles de denuncias falsas que durante años han ido interponiendo turistas británicos en zonas como Balears. Touroperadores y hoteles, principalmente, han tenido que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones por reclamaciones de enfermedades contraídas por los turistas en sus vacaciones, fundamentalmente dolencias gastrointestinales. Los turistas acudian al fraude, en muchos casos, alentados por grupos especializados que les captaban a la salida de los hoteles o incluso por bufetes de abogados especialistas en reclamaciones que hacían tremendamente fácil la denuncia.

El ejecutivo de Theresa May ha anunciado su intención de fijar por ley la cantidad máxima por la que se podrá reclamar, lo que en la práctica equivale a limitar el fraude y acabar con buena parte de un problema denunciado por la propia industria turística británica, aunque sus efectos (y costes) se dejaran notar durante años en países como Italia, Grecia o España. En Balears, el fraude ha significado pérdidas millonarias. Sólo la trama desarticulada el pasado año, con actividad principal en Calvià y Acudia, defraudó en torno a los 50 millones de euros en varios años, según la investigación de la Guardia Civil que llevó a la detención de 7 personas.

El problema parece llegar a su fin después de haberse movido en las más altas instancias gubernamentales. Desde el Ministerio o la Secretaria de Estado de Turismo, España ha presionado para hallar fórmulas que acabasen con este suculento negocio ilegal, aunque organizaciones como la propia Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA) también ha intermediado para acabar con una práctica que provocaba demasiados problemas entre los múltiples agentes implicados y que ha abundado en la mala imagen que proyecta determinado tipo de turismo inglés.

Toca ahora esperar para conocer los detalles de la nueva legislación, confiando en que las expectativas generadas se confirmen y se reconozca al gobierno del Reino Unido su labor para alcanzar una solución definitiva a un problema muy grave y muy costoso que ha tenido en Balears uno de sus principales focos de actuación.