Cataluña: bilateralidad, mediación y miedos

Ahogado en las inevitables consecuencias económicas de su torpeza, Puigdemont clama ahora por una mediación, tratando obviamente de que el mundo le reconozca la condición de válido interlocutor -disipando de este modo sus posibles delitos- y, al propio tiempo, de que se sitúe en un estadio de igualdad a Cataluña y a España, como si fuesen sujetos políticos internacionales distintos. Es la doctrina de la bilateralidad, que ansían los independentistas para lograr un refuerzo exterior que, pese a sus bravatas, brilla hasta ahora por su ausencia.

Ayer escuchaba a la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ofrecer los servicios de esa noble institución para mediar en 'el conflicto' existente. Soy abogado, como algunos de ustedes sabrán, y solo por eso me abstendré de emitir un juicio de oportunidad política sobre la oferta de mi colega, la Sra. Gay, a la que prefiero suponer bienintencionada. Ahora bien, hablar de mediación como posible vía de solución de lo que no pasa de ser un problema interno de España entre las autoridades del Estado y las de la Generalitat equivale a comparar la gravísima fractura institucional de nuestro país con una crisis matrimonial o un conflicto escolar entre iguales, una lamentable simplificación.

Nuestras instituciones democráticas no pueden aceptar mediación alguna porque Cataluña no es un sujeto político internacional, sino una parte de España. Lo contrario sería tanto como reconocer el éxito del independentismo catalán, al lograr, de carambola, un estatus del que jamás ha disfrutado en el concierto de las naciones.

Ello no significa que no deba intentarse establecer vías de diálogo con quienes, aunque formalmente alineados con el Govern de la Generalitat, conserven todavía un cierto sentido de la realidad y sean capaces de vislumbrar el precipicio al que conducen Puigdemont y Junqueras a todos los catalanes, independentistas o no. Las tensiones internas dentro del PDeCat son innegables y a buen seguro entre tanto exaltado resuelto a arrojarse al abismo con su estelada, todavía debe quedar algún antiguo convergente con un resquicio de raciocinio, dispuesto a que toda esta pesadilla acabe en una reforma constitucional que optimice la relación de Cataluña con el resto del Estado y que, por ejemplo, le reconozca la condición de nación histórica, sin menoscabo de la soberanía nacional exclusiva de todos los españoles en su conjunto. Pero permítanme expresarles mi pesimismo al respecto. Dialogar con quienes han adoptado decisiones aparentemente irreversibles, sin siquiera haber hecho cálculos del precio que pagarían los ciudadanos por sus veleidades y cambios de orientación política, resultará siempre complicado, porque antes de constituir una mesa de negociación será preciso que aparquen sus pretensiones secesionistas, al menos como condición previa para sentarse a la mesa.

Sucede, sin embargo, que el vértigo ya está afectado a los principales actores de este auto sacramental, y si hasta hace una semana contaban con que algunos países europeos se pusieran de su lado en una hipotética declaración de independencia, ahora lo único que pueden corroborar -por el indiscutible método empírico- es que las grandes empresas hasta la fecha radicadas en Cataluña están preparando su huida hacia otras comunidades españolas, si es que no la han decidido ya. Banc de Sabadell, Caixabank, farmacéuticas, empresas del sector del automóvil, aseguradoras... Una catástrofe que, si Puigdemont no rectifica pronto, va a consumarse incluso aunque no llegase a declararse la quimérica República Catalana. Gran parte del daño está hecho.

Por cierto, aunque fuera por puro egoísmo, convendría que los representantes de Més y PSIB dejen de poner en evidencia sus limitaciones y prejuicios, no sea cosa que disuadan a alguna gran empresa que esté valorando trasladarse a Balears. A ver si encima de iluminados van a ser tontos de capirote.

Lo malo de todo esto es que quien pagará durante décadas esta sinrazón va a ser, fundamentalmente, la clase trabajadora del Principat, lo cual resulta muy injusto, porque quienes les han metido en este embrollo no son sus representantes, sino los partidos políticos que encarnan a la pequeña burguesía catalana, a los llamados 'pijoflautas' de la enseñanza y aledaños y, en el caso de la CUP, a los antisistema, que tienen poco que perder porque sobreviven aprovechándose de las fisuras y ventajas de un estado de derecho del que abominan. Las grandes fortunas, en cambio, pueden permitirse el lujo de mantener su suntuosa torre en el exclusivo entorno de la Bonanova de Barcelona, mientras reubican la sede social de sus empresas en Albacete. El gran capital nunca pierde.

El diálogo quizás sea en este momento solo una utopía, pero hay que perseverar, aunque cierto es que queda muy poco tiempo. Si el próximo lunes Puigdemont se envuelve en su estelada y transmite al mundo su dichosa DUI, ya sabemos cómo seguirán los acontecimientos y, sobre todo, cómo acabarán: con la ruina total de un pueblo próspero, admirable y querido al que consideramos, especialmente desde nuestras islas, hermano de sangre.