Transcurridos ocho años desde que se iniciaron las investigaciones y tras una instrucción envenenada, este lunes comienza el juicio de la causa principal del llamado Caso Cursach. En el banquillo se sentarán 23 acusados, aunque para muchos de ellos la Fiscalía ha retirado la petición de pena -hay acusaciones particulares que aún las mantienen- y para el acusado principal sólo reclama año y medio, después de rebajar la petición inicial de 8 años y medio a sólo año y medio de cárcel, del que ya habría cumplido un año y dos meses después de que el juez Manuel Penalva lo enviase a prisión preventiva.
Se levanta así el telón de un caso que ha marcado toda una época judicial con el trasfondo de una presunta trama de corrupción policial, que durante años ha ocupado portadas y ha desatado ríos de tinta. Para el juicio que hoy comienza se ha reservado 148 sesiones, lo que supondrá que las declaraciones de acusados y testigos se prolonguen durante un año, hasta junio de 2023.
El caso surgió de una investigación sobre presuntas corruptelas de agentes de la Policía Local de Palma y derivó en una macrocausa con Bartolomé Cursach en el eje de la investigación de la mano de los entonces instructores, el juez Manuel Penalva y el fiscal José Miguel Subirán. La adulteración del caso por parte de juez y fiscal ha dado origen a su propia imputación por parte del TSJIB, al igual que los policías del Grupo de Blanqueo que actuaban a sus órdenes y cuyos whastapps fueron todo un terremoto al salir a la luz mostrando las estrategias para la manipulación del caso -incluidas filtraciones interesadas a determinados medios- y sin preservar las necesarias garantías procesales de los encausados.
Ahora Penalva y Subirán está apartados de sus carreras, a la espera de juicio y con la causa principal sensiblemente devaluada. También está relegado de la carrera el juez Florti, que heredó la instrucción y que fue juzgado y absuelto por la incautación de móviles a periodistas que mantenían contactos con los anteriores investigadores. Y es que, con todos estos antecedentes, lo que llega a juicio, es muy diferente a la historia que se quiso vender durante años.
Es necesario que de este juicio salga la verdad que durante ocho años ha sido retorcida. El caso que hoy se juzga se centra sobre todo en policías locales para los que se piden de entre dos y ocho años de prisión; no así para políticos y los propios directivos del Grupo Cursach, para quienes se ha retirado o se ha rebajado sensiblemente la petición de condena. Sobre el papel habrá que esperar más de un año para conocer un veredicto; en la práctica, y vistos los antecedentes, la posibilidad de que haya nuevas sorpresas no es descartable.
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