Tolerancia cero con las carreras ilegales en Palma

El Polígono de Son Castelló ha sido el último escenario de carreras ilegales de coches en Palma, provocando una situación de alto riesgo para la seguridad vial que ha generado gran indignación entre los habituales de la zona. El fenómeno no es nuevo, pero sí la forma en que está comenzando a generalizarse, toda vez que las restricciones a la movilidad y las concentraciones de personas de los últimos dos años han sido ya superadas. Los participantes en estas carreras -jóvenes en su mayoría- parecen querer recuperar el tiempo perdido y han relanzado esta peligrosa práctica con una intensidad no vista hasta ahora.

Son Castelló y Can Valero son escenarios favoritos para este tipo de concentraciones ilegales; pero también hay otros emplazamientos -a veces en plena zona urbana plagada de domicilios particulares- donde se citan los grupos que participan de estas prácticas de riesgo. En abril, la Policía Local de Palma interceptó una carrera ilegal de motos en El Molinar y denunció a varios participantes acusados de conducción temeraria. Un mes antes, en marzo, también fue interceptada otra carrera ilegal de motos en los alrededores de la Iglesia de Remei de Palma que se saldó con diez denuncias y seis personas implicadas.

Casos similares se han detectado en Sa Pobla, donde esta misma semana se produjeron 20 denuncias por acontecimientos similares en varias zonas del municipio. Y por supuesto, en el conjunto del país también se producen carreras ilegales, desde las muy conocidas de la carretera del Tibidabo en Barcelona -con numerosos accidentes de moto- a las de Canarias, donde hace una semana se produjeron 42 detenciones en Telde en una operación de la Guardia Civil que empleó coches camuflados y drones.

La vuelta a la normalidad de la vida cotidiana no puede ser argumento para que este tipo de actuaciones incívicas, irresponsables y de gran peligrosidad aumenten de una forma tan exagerada. El control policial -de los agentes locales o de la Guardia Civil allí donde sea su competencia- debe ser máximo. El peso de la ley de seguridad vial, así como de las ordenanzas contra los ruidos y las concentraciones de riesgo, debe aplicarse a rajatabla para garantizar que actuaciones ilegales como estas, a las que a menudo acompaña una gran insensatez, no se repitan.

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