CAEB alerta de los cambios en materia laboral que prevé hacer Pedro Sánchez por decreto

En este sentido, la presidenta de CAEB ha explicado que “cambios legislativos tan relevantes para la economía deben aprobarse mediante un Proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto Ley, ya que esta esta última opción excluye la posibilidad de diálogo y de consenso deseable en cualquier proceso democrático”.

En línea con la tesis que defienden tanto CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), a las que CAEB representa en Balears, Carmen Planas ha recordado que la Constitución Española limita el recurso al Real Decreto-Ley a los supuestos en que concurra “una extraordinaria y urgente necesidad”.

Esta limitación contemplada en la Carta Magna garantiza, precisamente, la máxima restricción del empleo de este tipo normativo que, en última instancia, priva al Congreso de los Diputados y al Senado de la potestad de dictar Leyes con la suficiente deliberación de todos los Grupos Parlamentarios.

El Gobierno debe tener en cuenta, además, que el artículo 86 de la Constitución excluye una serie de materias de la regulación por Real Decreto Ley, especialmente “los Derechos, Deberes y Libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1”.

Tanto el Ejecutivo como el conjunto de los partidos políticos tienen que ser conscientes de que el uso abusivo del Real Decreto Ley constituye una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las Leyes. Según los empresarios, el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática del país.

Asimismo, los empresarios muestran su preocupación por que se puede romper de forma unilateral el diálogo social. CAEB, al igual que CEOE y CEPYME, entiende que no tiene sentido volver a orillar el dialogo tripartito poco después de anunciar la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad del Ejecutivo de tener una mayoría amplia en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas.