Este domingo se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una cita anual que pone el foco en el aumento de la vulnerabilidad de muchas familias y que este año ha llamado especialmente la atención por los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia.
El coronavirus ha hecho aumentar la intensidad de la pobreza en España y en sólo un año, 15 de las 17 comunidades autónomas -entre ellas, Baleares-, han visto duplicarse los hogares que tienen dificultades para afrontar pagos relacionados con la vivienda, asumir gastos imprevistos o llegar a fin de mes. Así lo recoge el informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2020", elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.
Por su parte, la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social subió 1,1 puntos en 2020, un año marcado por la pandemia de coronavirus, y se situó en el 26,4 por ciento, el dato más elevado desde 2017.
Para establecer unos parámetros, se considera que una persona sufre carencia material severa si se cumplen al menos cuatro de estos elementos: no puede ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 750 euros); ha tenido retrasos en el pago de hipoteca o recibos en los últimos 12 meses; no puede permitirse un coche, un teléfono, un televisor o una lavadora.
En esta situación se encontrarían uno de cada cuatro españoles, a los que de momento no alcanza ningún tipo de reactivación económica. Los estudios citados arrojan pistas sobre el perfil de los más vulnerables. Así, por ejemplo, la tasa de pobreza y exclusión social se incrementa dependiendo del nivel de formación, ya que afecta a un 36 por ciento entre las personas con bajo nivel educativo -primaria o inferior-. También desde un punto de vista laboral, la posibilidad de encontrarse en situación de vulnerabilidad se dispara hasta el 54,7 por ciento entre los parados, aunque tener trabajo o cobrar una pensión no siempre es sinónimo de prosperidad. Y es que un empleo disminuye pero no elimina totalmente el peligro de exclusión, pues el 15 por ciento de los ocupados se encontraban en 2020 en riesgo de pobreza, un porcentaje similar al de los jubilados (16,7 por ciento).
Conocer los datos -actualizados al menos una vez al año- ayuda a tomar conciencia de un problema que crece. Paliativos como el salario mínimo, las ayudas sociales de las instituciones o el auxilio desinteresado de decenas de ongs contribuyen a parar el golpe para miles de ciudadanos. Pero es necesario actuar en otros ámbitos como la formación o el propio modelo productivo, que hoy por hoy es incapaz de hacer frente a una crisis tan puntual como la subida de la luz y su efecto en el aumento generalizado de los precios de productos y servicios.
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