TORQUEMADAS

"martillo de los herejes, luz de España, salvador de su país". Así definían las crónicas de su tiempo al Inquisidor General, Tomás de Torquemada, responsable de la persecución, hasta el exterminio o la expulsión, de judíos, herejes y conversos poco escrupulosos con sus obligaciones.

Vivimos tiempos de zozobra económica y, como entonces, hay que dar la culpa a alguien. A la sazón fueron los judíos y los protestantes, tras los cuales la corona malgastó todo el oro que llegaba de las Américas. Hoy, pese a que los culpables de nuestra desastrosa situación son, casi exclusivamente, los bancos y su codicia sin límites, el Estado, cautivo de una banca que mantiene sus beneficios casi intactos, a quien persigue es a los políticos de etapas anteriores, que seguramente fueron la mayoría unos ineptos e, incluso, alguno de ellos un chorizo, pero que, en general, no eran ni peores ni más corruptos que los actuales.

La Fiscalía anticorrupción comienza a cosechar resultados adversos y aquí no dimite nadie. Casos como el de Camps, el de Lluc Tomàs o el más modesto de Damià Nicolau -joven político a quien la acusación truncó su carrera-, entre otros, demuestran que en este país es muy fácil crucificar a un cargo público por el mero hecho de serlo y mantener un estado de opinión hostil a base de filtrar selectivamente hasta el último detalle de causas sujetas a supuesto secreto sumarial. Se llegó, incluso, a convocar ruedas de prensa por parte de algún fiscal. Demencial.

La Audiencia de Palma, desde otra perspectiva, es evidente que tiene muy complicado escapar al clima social creado, de manera que a cualquier ser humano, por más independencia que le presupongamos a un magistrado -no me cabe duda alguna al respecto-, le resulta prácticamente imposible no estar influenciado por el ambiente, máxime cuando dicho clima ha sido amplificado intencionadamente. En un reciente artículo de la revista La Ley, firmado por Fernando Sánchez Lázaro, se analizaba la "irracionalidad de las intuiciones punitivas", es decir, el error consistente en la predeterminación del juzgador a una tesis condenatoria. Y no hablo de algo consciente -lo cual constituiría un delito-, sino de la llamada "contaminación ambiental". A Matas, por ejemplo, la Audiencia lo condenó únicamente como inductor y a base de prueba indiciaria. No es que la tesis de la magistrada -ciertamente muy elaborada- no fuera coherente y probable, es que era la única a la que podía llegar con el clima social creado. Pero, ¿era la única posible? Voy a mojarme y a decir que, a mi juicio, no y que, por tanto, no me extrañaría en absoluto que el Tribunal Supremo, al igual que en otros casos, considere insuficiente la concurrencia de indicios acompañados de declaraciones de coimputados a quienes se les ha arrancado una versión favorable a la fiscalía a cambio de beneficios en la aplicación de la pena. Veremos pronto algunos casos sonados, como el de Can Domenge, del que, francamente, espero una absolución para todos los acusados. También habrá condenas en otros casos, quién lo duda. Pero, no debemos olvidar que cada una de estas acusaciones sin fundamento le cuestan al ciudadano un chorro de miles de euros, al margen de los salarios de unos servidores públicos que, hasta el momento, no pueden demostrar en absoluto que lo gastado en esos casos no sea un verdadero derroche injustificable. ¿Quién asumirá esta responsabilidad?