El regulador se queda sin autoregularse

Por leyes no iba a ser. El Parlamento del Estado aprobó una ley por la que se dio vía libre a la creación de la Oficina de Control Presupuestario de las Cortes, que lleva ahora un año de vigencia; un año en un cajón, dado que no se ha puesto en marcha ni parece que vaya a hacerlo en breve. Se trata de una norma que regula y controla el gasto de los políticos (también el dinero de las subvenciones), que se aprobó a finales de 2010 y que debería haberse puesto en funcionamiento en 2011. Sólo un partido minoritario ha pedido que se ponga en marcha, pero todos los demás, desde los nacionalistas a la izquierda radical, desde el PP al PSOE, satisfechos con tener leyes modernas que no se apliquen, no han exigido su puesta en funcionamiento, porque así mantienen su escandalosa política de gasto. La oficina debía de haberse encargado a una persona de prestigio en cuestiones de gestión, pero tal vez como indicador de que no lo encuentran, ni los grupos parlamentarios, ni los partidos han movido un dedo, dando a los ciudadanos una clave de dónde tenemos los problemas más acuciantes.