Escribí el verano pasado sobre las ocurrencias de Gallardón a propósito de suprimir las vacaciones judiciales de agosto. Lo que no imaginaba es que este fiscal excedente –realmente, debió ejercer bien poco tiempo, porque lleva en política desde hace treinta años- perpetrase el ataque más radical que ha sufrido el derecho a la tutela judicial efectiva desde el régimen de Franco. La que prepara el ministerio de Justicia es una auténtica salvajada, so pretexto de descargar los juzgados de asuntos, cuando en realidad no es más que una muestra de la incompetencia permanente de que han hecho gala los distintos responsables del departamento en las últimas legislaturas para arreglar los problemas de funcionamiento de la administración de justicia. A ninguno de ellos le confiaría siquiera la administración de un quiosco en la playa. Naturalmente, si te cortan una pierna, deja de dolerte.
Este es el sagaz razonamiento que aplica el ínclito Ruíz-Gallardón –si su padre levantara la cabeza- para masacrar a los justiciables con tasas que, digámoslo claro, tienen por principal objetivo que sólo aquella gente con posibles pueda recibir la ansiada tutela judicial. O, mejor dicho, los pobres de solemnidad que accedan a la justicia gratuita y los ricos que puedan pagar las tasas. Y cuando digo ricos, léase la banca –auténtica responsable del colapso de los juzgados-, las compañías telefónicas, etc.
Aquellos que queden en este interregno, la maltrecha clase media española, es decir, el 80 por ciento de los ciudadanos, por si no les bastaba el buitreo
permanente de Montoro y los gobiernos autonómicos respectivos, deberá apoquinar previamente para poder reclamar aquello que le pueda corresponder
en derecho. Por ejemplo, si un pobre propietario tiene la desgracia de que el inquilino le deje a deber mil euros, mejor que se olvide de ellos, porque
entre los honorarios de abogado y procurador y las tasas judiciales –más de 300 euros-, la demanda le va a costar un Congo –y parte del otro-, con la
incerteza permanente de que esta administración de justicia que funciona tan rematadamente mal acabe dándole o no la razón o, lo que es todavía mucho
más difícil, acabe consiguiendo que el deudor pague, porque ciertamente no hay nada más gilipollas que ganar un pleito con costas y que luego el deudor
sea insolvente, como ocurre cada vez de forma más frecuente. De manera que sí, tu abogado es Perry Mason y has logrado una sentencia maravillosa que te
dice que has ganado, que el deudor ha de pagar lo adeudado, todos tus gastos e intereses.
El detalle es que la victoria te ha costado mucho más que la deuda que reclamabas y que, oh cielos, resulta que no vas a cobrar en la vida. Gallardón está consiguiendo lo nunca visto, esto es, que, por una vez, jueces, fiscales, abogados y funcionarios clamen al unísono que quieren ver su cabeza en un bote con formol, para llevarla luego al museo de ciencias naturales y que los científicos revelen de una vez si dentro han encontrado algo.
