La noticia saltaba el martes: Canadá prohibe durante dos años la compra de vivienda por parte de los extranjeros no residentes. Se trata de una medida aprobada por el Gobierno de Justin Trudeau que tiene como objetivo controlar el alza de los precios de la vivienda, que lleva en aumento desde el comienzo de la pandemia.
Nada más conocerse el anuncio, los partidos que gobiernan en Baleares -y multitud de plataformas y medios de comunicación afines a la medida- la compartían con júbilo y esperanza dando a entender que si Canadá puede, las islas también. Un mensaje peligroso por la inseguridad jurídica en este y otros planos que puede generar y porque, a cinco meses de elecciones, prometer algo inviable es estafar al electorado.
Los expertos ya han dejado claro que, a día de hoy, en la Unión Europea es imposible, por motivos de libre circulación de capitales, la libertad de residencia y la no discriminación por nacionalidad, entre otros.
Pero pongamos que los cantos de sirena no son tal y el Ejecutivo -en caso de revalidar en mayo- se pone manos a la obra. En primer lugar, debería redactar una ley exquisitamente armada y sacarla adelante en el Parlament con mayoría parlamentaria. Después, tendría que esperar que el Gobierno de España no la tumbase por inconstitucional y luego -y aquí viene lo difícil- que la Comisión Europea u otro Estado miembro -como por ejemplo Alemania- no la impugnase ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Es posible? La realidad nos dice que, a día de hoy, no hay ningún país de la Unión que haya sacado adelante esta propuesta tras adherirse al Tratato. Por tanto, no.
Sin embargo, la presidenta Armengol se muestra confiada en que la presidencia de España -de Pedro Sánchez- en la Unión Europea este segundo semestre del año sirva para dar un golpe de timón en el continente y se apruebe una medida pionera. Lo tiene difícil sabiendo la enorme atracción que los europeos sienten por Baleares y los intereses e inversiones que mueven aquí.
Nadie cuestiona la enorme complejidad de la vivienda en este archipiélago. La oferta está muy limitada -no crece- y la demanda es potente y poderosa ya que detrás de una de cada tres compras hay un extranjero con un poder adquisitivo muy superior al nacional. Hay que reconocer, pues, que solucionar -o más bien, atenuar- el problema de la vivienda en este archipiélago es una tarea titánica y no existe una varita mágica.
Lo que desde luego no es aceptable es el populismo barato y más a puertas de elecciones. El vicepresidente Yllanes, de Podemos, pide al Govern -al mismo Govern que el vicepreside- que presione al Gobierno de España -formado por PSOE y Podemos, su mismo partido- para que den alas a esta propuesta. El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, le recordaba este pequeño detalle a su socio de Pacte. Vienen elecciones.