Autónomos, el termómetro de la crisis

Tres de cada diez autónomos ha avisado de que tendrá que disminuir su plantilla este año ante la bajada de facturación provocada por la crisis económica. El dato lo proporciona la federación de autónomos ATA, que elabora su propio barómetro sobre la situación que afecta al colectivo. La encuesta señala, además, que más de la mitad de los entrevistados -un 54 por ciento- afirma que si tuviera que hacer frente al despido de alguno de sus trabajadores no tendría la liquidez suficiente.

La encuesta arroja bastantes más datos que apuntan, todos, en la misma dirección, dibujando un panorama muy significativo de la realidad que afronta un colectivo que representa, como pocos, el termómetro de la situación económica del país.

Los datos son demoledores y las soluciones que reclaman son las mismas que se han venido repitiendo durante los últimos meses: el mantenimiento de los actuales ERTE, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad, la reducción de cotizaciones o la ampliación con un año de carencia para el primer vencimiento de los créditos ICO solicitados en abril. La fragilidad del sector indica que, de no asumirse estas condiciones, la cascada de cierres se dejará notar especialmente a partir de este otoño. Si no hay prórroga de las ayudas, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, habla de una "sangría" en este colectivo de emprendedores, pequeños empresarios y autoempleados.

Con la crisis actual, el segmento mantiene a 370.000 autónomos con los negocios cerrados y seis de cada diez encuestados afirma que, aunque permanecen abiertos, están funcionando al 50 por ciento de su actividad habitual. De hecho, su situación actual es señalada por sus protagonistas como peor que la vivida durante los meses de mayo y junio, cuando el país se hallaba sometido a un estado de alarma con amplias restricciones sobre la movilidad y las actividades económicas.

A menudo en un segundo plano en las mesas de debate social entre Gobierno y agentes sociales, los autónomos representan una parte significativa del tejido económico del país, por lo que atender sus reclamaciones debería contribuir a reforzar la economía y la creación de puestos de trabajo, a pesar de la compleja situación provocada por el coronavirus.