Aumento de familias monoparentales

Esta semana el INE ha publicado unos datos (Encuesta sobre hogares) en donde se reflejan que los hogares monoparentales en Baleares aumentaron entre 2014 al 2015 un 8,7%.

Y una de las causas es el aumento ( datos del INE de la misma estadística anterior) el aumento del 53% de los divorcios en hombres (pasando de 18300 en 2013 a 28000 en 2015)y del 27,8% en mujeres (pasando de 23300 en 2013 a 29800 en 2015).

Lo que sí deja claro la encuesta del INE es que la ruptura matrimonial es una causa profunda de riesgo de pobreza y, sobre todo, de feminización de la pobreza, porque en la mayoría de hogares formados por un adulto con uno o más niños dependientes, los más perjudicados, ese adulto es una mujer

Se considera que el divorcio es sólo un acto con significación privada. Esta idea es evidentemente cierta, pero incompleta. Lo es desde el punto de vista de que corresponde a unas decisiones personales sobre las que el conjunto de la sociedad y sus instituciones, el Estado, no tienen porqué intervenir. Pero, al mismo tiempo, deja de serlo cuando este divorcio comporta consecuencias que afectan al gasto público porque el resultado del mismo es la generación de determinados estados de necesidad por parte de la familia monoparental resultante o de los hijos. Esta factura que paga el conjunto de la sociedad es importante y ha ido creciendo con el paso del tiempo porque el número de divorcios ha aumentado y también porque las condiciones en las que queda generalmente la mujer con los hijos a cargo después de la ruptura tienden a ser también, con un signo mayoritario, deudoras de ayudas públicas para no incurrir en una situación de pobreza.

Una decisión privada y particular que tiene consecuencias colectivas de signo negativo, pero no es el único caso en que sucede tal hecho. La respuesta habitual en situaciones de este tipo, pero que no se aplica precisamente en el terreno de la ruptura familiar, es adoptar políticas de fomento por parte de los poderes públicos de lo que son las buenas prácticas. En este caso, dirigidas a dotar de estabilidad o de estimular la reconciliación en la ruptura para minimizar el divorcio.

Hay que aplicar una política familiar con enfoques que no restrinjan la libertad individual, pero que sí apoyen el desarrollo de aquellas actitudes que significan un mayor beneficio para la colectividad. De no hacerlo así, y ésta es la situación en la que nos encontramos, se produce una clara injusticia puesto que las parejas estables que además en una mayoría extraordinaria son las que tienen un mayor número de hijos deben arrastrar la carga que representa las ayudas a un grupo de población como es el de las familias monoparentales.