Aumenta el número de okupas en la antigua cárcel pese a la orden de desalojo

El número de okupas de la antigua cárcel de Palma ha aumentado un 30 por ciento en el último mes. Así lo explicó la segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, en el pleno ordinario celebrado este pasado jueves en Cort.

La edil popular atribuyó este incremento a un falso "efecto llamada" generado por ciertos "activistas sociales y políticos", quienes, según ella, "difundieron la idea de que el Ayuntamiento les proporcionaría vivienda".

Acto seguido, Roca reprochó a los partidos de la oposición, que durante las dos pasadas legislaturas en las que gobernaron, no pusieran coto a la okupación de este inmueble, ni ofrecieran solución alguna a los okupas asentados en este edificio. Cabe recordar que Sa Presó es propiedad municipal desde 2013, año en el que el Ajuntament adquirió sus terrenos a través de una permuta.

Los grupos políticos PSOE, Més y Podemos instaron al alcalde Jaime Martínez a no proceder con el desalojo de los okupas que actualmente residen en la antigua prisión de la capital balear. "El desalojo es una medida irresponsable que solo incrementará la precariedad y el sufrimiento de estas personas, muchas de las cuales ya viven en condiciones insalubres".

Por ello reclamaron al actual gobierno, un compromiso firme para "encontrar soluciones efectivas que les permitan acceder a una vivienda digna, y mientras esto se resuelve, proporcionarles recursos temporales adecuados que les permitan vivir de manera segura y en condiciones dignas".

El gobierno municipal en minoría del PP y su socio programático de Vox rechazaron la propuesta impulsada por la regidora de Podem Palma, Lucía Muñoz. Esta moción buscaba anular las actas de requerimiento policial que instaban a los okupas a abandonar voluntariamente el inmueble, además de exigir el empadronamiento de los residentes para garantizarles acceso a los servicios sociales municipales.

En este contexto, Muñoz también intervino en el debate de la comisión relativa a la expropiación forzosa de viviendas desocupadas en manos de grandes tenedores para su puesta en alquiler social. La concejala de la formación morada defendió esta iniciativa como "una herramienta clave para poner freno a los especuladores y ampliar la oferta de vivienda asequible".

Desde la oposición, también reclamaron al gobierno municipal la paralización de todos los desahucios de inmuebles de titularidad pública si no se ofrece previamente una alternativa habitacional. Además, criticaron que la Policía Local se personara el día 12 de marzo a Sa Presó para advertir a los okupas de que debían abandonarla en un plazo de diez días bajo amenaza de sanciones económicas.

La propuesta, por último, va más allá de estas dependencias municipales y exigió al primer edil "la paralización absoluta de los desahucios sin alternativa habitacional de cualquier inmueble, solar o propiedad del Ayuntamiento".

Con todo, Cort defendió la recuperación del edificio por razones de seguridad y la oposición insiste en que la solución debe pasar por una política de vivienda efectiva que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas.