La Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte es un organismo creado hace casi cinco años por iniciativa de la administración Zapatero, precisamente, para trabajar a favor de la abolición de las sentencias de muerte alrededor del mundo. Esta Comisión está dirigida por personalidades de la política internacional; antiguos ministros, presidentes y altos funcionarios de las Naciones Unidas, circunstancia que contribuye al alto nivel de visibilidad internacional de este organismo. Ocupe la presidencia Federico Mayor, ex director general de la UNESCO y ex ministro de Educación y Ciencia de España. La secretaría general depende de Asuntó Vivo, una "ciutadallenca" licenciada en Derecho con experiencia en Amnistía Internacional, en la Comisión Internacional de Juristas y en el Parlamento Europeo, que empezó su trabajo en la Comisión como asesora.
Vivó y Mayor asistieron el sábado pasado a una audiencia con el Papa Francisco en la que hablaron de las funciones que cumple la Comisión y de su esfuerzo por abolir la pena de muerte en los países que aún aplican esta sentencia. La postura del Pontífice al respecto es clara y directa: "Hoy día la pena de muerte es inadmisible, por cuanto grave haya sido el delito del condenado; para un Estado de derecho, la pena de muerte representa un fracaso, porque lo obliga a matar en nombre de la justicia".
Vivó explica que existen países que mantienen la pena de muerte en su código penal aunque lleven años sin aplicarla; es el caso de Suriman, que habiendo ejecutado a su último condenado a muerte en 1927, hasta ahora no había firmado la resolución para abolir la pena. La abogada menorquina destaca también que el alto perfil diplomático de los miembros de la Comisión facilita el contacto con los líderes de los países, "algo que las ONGs que también luchan por la abolición de la pena de muerte tienen más dificil".
En 2013 se tuvo noticia de ejecuciones llevadas a cabo en al menos 22 países. Sin embargo, no se pudo confirmar si se habían llevado a cabo ejecuciones en países en situación de conflicto, como Siria. Estas cifras revelan que a lo largo de los últimos decenios se ha producido una significativa reducción. Cabe destacar que en Estados Unidos, primera potencia de Occidente, todavía se conserva la pena de muerte en 32 de sus 50 estados. A pesar de ello, Amnistía Internacional lleva años registrado una tendencia negativa en el número de sentencias en este país, lo cual no deja de ser un dato positivo.
