A día de hoy, cualquier perro o gato que entre en el Centro Sanitario de Protección Animal de Palma sin microchip, es decir vagabundo, deberá permanecer en el recinto 15 días. Durante ese tiempo, el dueño puede acreditar su propiedad mediante fotos, tarjeta sanitaria o cualquier otro método, y en caso de que no lo haga, el Centro lo entregará en adopción. Se trata de una medida garantista para los legítimos propietarios pero que, a ojos de los voluntarios, juega en contra de los animales más vulnerables.
"No se entiende esta lentitud burocrática. Si alguien pierde a su perro y está verdaderamente preocupado por él, uno o dos días bastan, sentido común", esgrimen desde la asociación Peluditos de Son Reus.
Desde el colectivo de voluntarios consideran que la cifra debería bajar a cinco días.
Lo mismo ocurre con los animales que llegan al Centro portando chip: tan sólo se pueden ofrecer en adopción después de obtener la renuncia del propietario y si no se le puede localizar, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad. Todo ello ralentiza el proceso "de manera interminable" y hay animales que superan los 40 días en la perrera por esta medida legal.
"Hay que acabar con las normas anticuadas que no dan solución al verdadero perjudicado, que es el animal", opina María de Sonrisa Animal. Su asociación se ha hecho cargo de Tom, un gato que entró en buen estado al Centro y enfermó ahí. Durante días estuvo ingresado y atendido por los veterinarios de Son Reus hasta que "cumplido los plazos legales" dejaron que los particulares lo sacaran y lo trasladasen a una clínica privada.
"Necesitamos políticos valientes que cambien lo que no funciona", opinan. "Tendría que ser posible sacar a un animal en malas condiciones bajo firma de devolvérselo a su propietario si lo reclama", concluyen.