Según Fevitur, la prohibición de las viviendas de uso turístico realizó "de forma preconcebida" teniendo en cuenta que Noguera "ya venía anunciando la medida incluso antes de ser nombrado alcalde".
La querella, interpuesta a finales del mes de noviembre del año pasado, apuntaba que se habrían llevado "a cabo determinadas conductas ilícitas", como la elaboración de informes urbanísticos "completamente arbitrarios", y que "no se ajustan a la realidad", con "la única intención de culminar un plan preconcebido para terminar con la vivienda turística en Palma".
Sin embargo, después de meses de instrucción, la magistrada no aprecia indicios de delito -ni de prevaricación administrativa ni urbanística- "pues no concurre una contradicción patente e intolerable con el ordenamiento jurídico que desborde la legalidad de un modo evidente o que constituya ejercicio arbitrario del poder".