Hace un mes, el Senado frenó la entrada en vigor de la 'ley del solo sí es sí' por una enmienda que pretendía modificar una simple letra del preámbulo. Concretamente, se cambia la palabra "forzosas" por "forzosos" en relación con "la detección de casos de aborto y esterilización forzosos" y así referir el adjetivo tanto a abortos como a esterilizaciones.
La ley señala que "las violencias sexuales constituyen quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española". Se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena, así como todos los demás delitos previstos en el Código Penal orientados específicamente a personas menores de edad.
Por su carácter orgánico, una vez aprobada la enmienda, que necesitaba mayoría simple, el texto, con la enmienda incorporada, se ha sometido a una votación final de conjunto donde se exige mayoría absoluta. Como se ha alcanzado dicha mayoría, el texto, con la enmienda del Senado, queda listo para su entrada en vigor.
La norma ha cosechado un respaldo mayoritario en el Congreso, con 205 votos a favor, mientras que solo el PP y Vox han votado en contra, y la CUP se ha abstenido.
CLAVES
Entre las principales novedades de esta ley se encuentra la definición del consentimiento en las relaciones sexuales. Y establece que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Esta norma elimina el delito de abuso sexual y pasa a considerar agresión toda relación sexual que se produzca sin consentimiento.
La norma establecen "los mecanismos necesarios para el acompañamiento y la reparacion del daño causado". Se crean itinerarios específicos que incluyen centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de la violencia sexual y las Casas de Infancia, y se garantiza "una respuesta integral a todas las víctimas de las violencias sexuales".
Además, establece el derecho a una reparación para todas las víctimas, que tenga en cuenta el daño físico y psicológico, así como los efectos de la agresión a nivel educativo, laboral o social.
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