Apoyar y ayudar, ahora es acosar

Esta semana se ha aprobado en el Congreso una proposición de ley en la que se modifica el código penal para penalizar el "acoso" a las mujeres a clínicas abortistas. Me río yo de la ley mordaza. Ahora resulta que los voluntarios que van a las puertas de los abortorios a dar apoyo y ayuda a esas mujeres que, desesperadas por sus problemas, van a abortar, son unos acosadores.

Cuántas mujeres, gracias a esas ayudas y apoyo que las instituciones les han negado a prestar, han decidido seguir con su embarazo a las puertas de las mal llamadas clínicas. Y las redes sociales están llenas de testimonios de madres felices por el apoyo que obtuvieron. No hay ninguna mujer que quiera abortar; abortan porque no ven salida a sus problemas familiares, sociales y económicos.

Pero, no conformes con ello, la Ministra de igual-da está preparando una modificación de la ley del aborto para restringir aun más la objeción de conciencia de los medicos, traicionando así su juramento hipocrático.

Pero es que, además, con estas cosas nos estan ocultando un problema muy grave sobre la carencia de natalidad y la consecuencia de que los abortos hacen inviable el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos. La pérdida en cuotas a la Seguridad Social por los abortos realizados fue de más de 37.565 millones de euros. La Comisión Europea advertía de que el progresivo envejecimiento de la población en Europa puede acabar con el Estado del Bienestar en un plazo relativamente corto de tiempo. Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, la población mayor de 65 años aumentará casi un 40% hasta 2030. Este problema se augura especialmente grave en el caso de España, donde las políticas antinatalistas del Gobierno son un lastre para corregir la tendencia actual.

Si a este hecho le sumamos los estragos económicos del aborto, por la pérdida de capital humano, el panorama que se vislumbra en España para el período 2040-2050 no es nada halagüeño para la sostenibilidad del sistema de pensiones, según advierte un estudio del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU.

El estudio concluye que “a partir de 2020, el sistema público de pensiones generará un déficit presupuestario que se querrá paliar haciendo modificaciones substanciales en las prestaciones y en las cuotas”.

Además, este estudio afirma que “la clave del avance no radica tanto en la mejora de la proporción de los ingresos, es decir, las cotizaciones sociales, como en la ralentización del gasto por efecto de la Guerra Civil 1936-39, que es lo que otorga en su escala temporal la especificidad española. Se trata de las personas muertas o desaparecidas en aquella guerra y que habrían, o estarían todavía, percibiendo su jubilación”.

En cualquier caso, la inmigración no resuelve el problema a largo plazo, ni siquiera utilizando las hipótesis máximas del Instituto Nacional de Estadística, con una entrada de hasta 14,5 millones de inmigrantes hasta 2060, a un ritmo de entre 400 mil a 260 mil y 280 mil entradas netas anuales.

Además del impacto de una inmigración tan numerosa sobre la sociedad de acogida, “esta inyección demográfica no sería suficiente, incluso con hipótesis muy optimistas con respecto a la tasa de actividad, el 81,3% en 2059, reduciendo el paro hasta el 3,5% y la productividad a medio y largo plazo del 1,5%”.

El crecimiento de la pensión real media se sitúa por encima de esta cifra, en el 1,8%, debido al efecto sustitución. En este contexto, el gasto en pensiones pasará del 7,7% del PIB al 17,9 en 2059 y, antes, en las fechas indicadas en torno a la segunda década de este siglo, se produciría la insuficiencia.

"Con 1,3 hijos por mujer, que es el máximo que observamos, el sistema público de pensiones, tal y como lo conocemos, es simplemente inviable”. (INCAS)

Pero lo importante es demonizar y sancionar a aquellas personas que quieren ayudar y apoyar a las demás y restringir el verdadero trabajo de los médicos, salvar vidas.