Los constructores amenazan con una oleada de demandas si no se actualizan los contratos de obras

Según la presidenta de la Asociación, Fanny Alba: “la actitud de los ayuntamientos nos indigna por su nula solidaridad y empatía con los sobrecostes que han tenido que asumir las empresas, poniendo incluso en peligro su viabilidad”.

En un comunicado público, la Asociación de Constructores lamentan la actitud de los municipios ya que, según señalan "los municipios alegan que no han acordado en plenario su adhesión a estos decretos, pero obvian el Dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que establece que las corporaciones locales (Consells y ayuntamientos) quedan adheridas a las medidas de compensación económica sin necesidad de acuerdo, porque no disponen de competencia legislativa en contratación pública y, por tanto, están vinculados a las decisiones de su Comunidad Autónoma. No entendemos como los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tiene derecho las empresas legítimamente.”, añade Alba.

"Esta actitud insolidaria de los ayuntamientos-apunta esta asociación-, obligará a las constructoras de obra pública a convertir todas las reclamaciones en demandas en los juzgados para poder obtener el reequilibrio económico de los contratos recogido en la Ley de Contratos del Sector Público".

Según un estudio realizado entre las empresas asociadas, el 86% de las obras públicas que se realizaron durante el año 2021 en Baleares no pueden acogerse al Real Decreto Ley 3/2022 estatal de revisión excepcional de precios. A pesar del desorbitado aumento de precios de los materiales causado por la pandemia y agravado por la guerra en Ucrania, el 68% de las obras realizadas quedan excluidas por haber finalizado a la fecha de entrada del RDL, ya que en las islas predominan las obras de menor tamaño y corta duración.

Ante esto, los constructores aducen que "ya advertimos en su momento que este es un decreto pensado solo para grandes obras. Otro 18% quedan excluidas por no
superar el umbral del 5% de incremento determinado por 4 materiales. Recordemos que este decreto no incluye la energía, a pesar de haber experimentado una fuerte subida con la invasión rusa y suponer incrementos del 30% en el coste de muchas obras. En definitiva, solo el 14% de las obras tienen derecho a la revisión. Una cifra que obliga a la mayoría de constructoras a tener que asumir unos sobrecostes que el propio decreto en su exposición de motivos confirma que se altera el equilibrio del contrato por un encarecimiento extraordinario de los precios de los materiales que excede en lo incluido en el riesgo y ventura del empresario".

DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD DEL DECRETO BALEAR

En relación con la actividad del sector en Baleares, los constructores recuerdan que "el pasado 31 de marzo se publicó en el BOIB el decreto ley 4/2022 de medidas autonómicas para asegurar el equilibrio de los contratos. Ante la enorme complejidad en la práctica para aplicar el decreto, la Asociación de Constructores de Baleares planteó a la Conselleria de Hacienda una serie de mejoras que fueron aceptadas y publicadas en el BOIB del pasado 16 de junio. La sorpresa llega con las dudas planteadas por el Gobierno central sobre la legalidad del decreto, que ha llevado a la creación de una comisión bilateral para tratar de evitar un recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, compartimos la valoración del Govern de que el decreto es plenamente constitucional. Su aplicación será de suma importancia para las empresas ante las dificultades antes reseñadas de acudir al decreto estatal. Además, incluye el factor de la energía a diferencia del primero. Por ello, pedimos celeridad a la CAIB para que acuerde en Consell de Govern los parámetros y la metodología para el cálculo de la compensación".

La nota de prensa de la asociación subraya que "a diferencia de otros sectores como el transporte de mercancías y otros muchos, la construcción no ha recibido ayudas directas".

Por todo ello, la presidenta de la asociación apunta que "hay que trabajar conjuntamente con las administraciones para dar solución a los grandes sobrecostes que están y han sufrido las empresas. Su viabilidad está en peligro si no pueden acceder a revisiones, compensaciones o ayudas directas para garantizar su supervivencia”