El alquiler vacacional se disparó entre 2016 y 2020 con Més y PSIB al frente de Turismo

La oferta de alquiler turístico registró un gran incremento entre los años 2016 y 2020, lo que incluye las dos legislaturas en las que el Pacte gobernó en las tres principales instituciones de la isla: Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma. Y todo ello a pesar de las medidas que adoptaron los tres socios del Pacte (PSIB, Més y Podem) contra una modalidad que ha cambiado el modelo turístico de la isla, y no precisamente a mejor.

Las cifras las aporta a mallorcadiario.com el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en una entrevista realizada a las puertas de la 44ª edición de la principal feria turística de nuestro país, Fitur.

En julio de 2017, el Govern de Armengol aprobó una modificación de la ley turística dirigida específicamente a la comercialización de estancias turísticas en viviendas. El objetivo que se marcó el Ejecutivo entonces fue "poner freno al crecimiento ilimitado de plazas turísticas" a través de dos vías. Por un lado, la regulación de la comercialización de estancias turísticas en viviendas y, por otro, la creación de un techo real de plazas turísticas.

También desde el Consell de Mallorca el Pacte apostó por limitar este fenómeno, a través fundamentalmente del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Mallorca (PIAT), si bien tampoco esa medida tuvo el efecto deseado.

Así, de las algo más de 400.000 plazas turísticas con que cuenta actualmente Mallorca, unas 300.000 corresponden al alojamiento reglado tradicional (hoteles, agroturismos, etc...) y unas 110.000 de alquiler vacional. Pero a ellas hay que sumar todas las plazas ilegales, cuya cifra es difícil de determinar, pero que se cuentan por decenas de miles.

Con el cambio de signo político tras las elecciones de mayo de 2023, el Consell se puso manos a la obra y lanzó en octubre pasado un plan de actuación contra la oferta ilegal basado en cuatro ejes: uno fiscal (cruzado de datos con Hacienda para detectar impagos de la ecotasa y determinar alojamientos sin licencia), uno turístico (herramientas para facilitar el trabajo a los inspectores); uno urbanístico (comprobación de si quienes comenten la infracción turística tampoco cumplen en materia urbanística) y finalmente un eje de trabajo conjunto con las plataformas de alquiler turístico.

Fruto de los esfuerzos hechos en este último ámbito, el Consell localizó 6.192 anuncios de alquiler vacacional ilegal mediante un sistema informático de cribado de datos web (web scrapping) realizado con recursos del Consell, que extrae datos de las distintas webs que comercializan este tipo de alojamientos y localiza los anuncios de pisos turísticos ilegales.

Esos 6.192 alojamientos comercializan en torno a 30.000 plazas turísticas, que son las que el Consell de Mallorca tiene en el punto de mira "para que quien lo hace bien pueda tener rentabilidad", así como para "mejorar la convivencia y la coexistencia dentro de nuestra isla", ante los problemas que causa la presencia de la oferta ilegal.

El aumento en la presión que ejerce el Consell sobre la oferta irregular ha incrementado en gran medida el número de sanciones impuestas a los infractores, que oscilan entre los 40.000 y los 100.000 euros, si bien el pago anticipado está permitiendo a algunas personas rebajar esa cifra hasta los 20.000 euros.