Aislar al paciente cero: don Juan Carlos I

El fiscal suizo Yves Bertossa debe haber encontrado tanto material incriminatorio contra el exjefe del Estado, el rey emérito Juan Carlos I de Borbón, que ya no hay forma de parar el tsunami. De ahí que el rey Felipe VI decidiese dejarle a los pies de los caballos y recién declarado el estado de alarma en España, aprovechó para anunciar que renunciaba a la hipotética herencia envenenada de su progenitor y para retirarle la asignación económica de la que hasta ese momento disfrutaba como miembro de la Casa Real.

Tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al exjefe del Estado para averiguar si pudo cometer delito fiscal y blanqueo de capitales en el presunto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del AVE de Medina a La Meca, en Arabia Saudí, se han encendido todas las alarmas.

La institución monárquica está ahora mismo en el punto de mira de los republicanos, que han visto la ocasión propicia para acabar con ella. Desde luego, la tienen y no podrá responsabilizarse a nadie más que a don Juan Carlos de ponérselo “a huevo”, aunque jurídicamente no será fácil sentarle en el banquillo y juzgarle.

La sustancia del asunto no radica ahí. Juan Carlos I abdicó el 19 de junio de 2014 y, por tanto, dejó de ser inviolable para ser aforado, figura jurídica muy distinta. Con anterioridad a esa fecha, no tenía responsabilidad ninguna en sus actos, algo que no sucede con el aforamiento, que significa que únicamente puede ser juzgado por un tribunal en concreto: la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los indicios de ilegalidad en el comportamiento del rey emérito no surgen a iniciativa de las fuerzas republicanas ni antimonárquicas. Surgen del entorno del propio monarca. De modo que quien se ha colocado en una situación legalmente comprometida es él mismo. Así lo ha entendido su hijo y sucesor, el rey Felipe VI, quien se ha desvinculado de su padre de forma ostentosa y radical. No le quedó más remedio que aislarse del paciente cero —su padre— para evitar el contagio. No solo a él, sino también a su hija, la princesa de Asturias.

Resulta absolutamente improcedente es sostener una defensa numantina de la figura de don Juan Carlos I, sabiendo lo que se sabe y cuando su propio hijo se ha apartado de él.

Hay gente que percibe, en la investigación al rey emérito, un intento de cambio de régimen: de la Monarquía Constitucional a la República. Eso es ir muy lejos porque, en todo caso, eso no puede suceder sin el concurso de la ciudadanía a través de una modificación de la Constitución de 1978. Pero lo que resulta absolutamente improcedente es sostener una defensa numantina de la figura de don Juan Carlos I, sabiendo lo que se sabe y cuando su propio hijo se ha apartado de él.

El rey es don Felipe y si la Ley permite investigar al exjefe del Estado, dejemos que la Justicia haga su trabajo sin presiones ni injerencias, como las fuerzas republicanas pretenden desde el Parlamento. Que cada palo aguante su vela. Pero solo la suya.