Adolfo Suárez

El día 3 de Julio de 1976 el Rey nombra a Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, provocando el escandalo entre algunos sectores de la sociedad española y de algunos medios de comunicación. Fue famoso el artículo “¡Que error, que inmenso error!” de Ricardo de la Cierva en el País, recibiendo al nuevo hombre que sencillamente con una mediocre licenciatura en derecho y cuyo bagaje político eran unos cuantos cargos de responsabilidad y haber sido Ministro Secretario General del Movimiento en el gobierno Arias Navarro, ahora saliente, al que iba a sustituir al frente del gobierno español.

Suárez nombra nuevo gobierno en el que participan una serie de jóvenes (35 a 45 años) Oreja, Lavilla, Calvo Sotelo, Abril, Osorio, que fue definido por la crítica como el gobierno de PNN (Profesores No Numerarios) de la universidad pues chocaba su Juventus en comparación con la gerontocracia preveniente de la etapa anterior. Fraga y Areilza se negaron a formar parte de este gobierno por la falta de “nivel” del mismo: Que error

“Suárez  convenció de su reforma como un vendedor ambulante: puerta a puerta y persona a persona”, según Fernando Onega, director de prensa de la presidencia del gobierno con Adolfo Suárez. Esa labor desarrollada día a día y persona a persona, estamento a estamento desemboco en la realidad de que España pudo pasar de un sistema dictatorial a uno plenamente democrático en el plazo de un año, evitando una ruptura que ni social ni económicamente el estado hubiera podido soportar.

En octubre de 1976 se inicia el trámite de una ley  de Reforma Política como una de las Leyes Fundamentales del Reino. Esta ley era fruto de la necesidad de reformar el sistema, pero sin plantear una ruptura del mismo que podía significar un grave peligro dada la actitud cerrada de los que en aquel momento eran salvaguardia de una legalidad, aunque fuera la franquista.

Tras diversos avatares los reformistas iniciaron un proceso que pasaba por reformar (y derogar) las antiguas Leyes Fundamentales basándose en los mecanismos de modificación de las mismas leyes. Era un camino peligroso pero intachable, evitaba una voladura del sistema con sus consecuencias indeseables, pero a la vez servía para sortear el voto de los inmovilistas de régimen que eran muchos de los situados en las Cortes Españolas como Procuradores en Cortes. Entre ellos también estaban muchos, que más en contacto con la sociedad real, veían y entendían la necesidad de avanzar hacia un sistema democrático pleno, ya que la ciudadanía en aquel momento difícilmente hubiera admitido otra cosa, aunque el fantasma de la guerra civil pesaba mucho tanto para la izquierda como para la derecha, nadie quería otra confrontación.

Se redactó un texto sencillo con solo cinco artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final que la declaraba Ley Fundamental, muy breve para lo que suele ser la legislación española. Con ello se convertía en una más de las leyes fundamentales del estado surgido del Movimiento Nacional. Planteaba un sistema bicameral y la elección para las cámaras seria por sufragio universal, libre, directo y secreto. Este planteamiento establecía un nuevo marco ya que las nuevas Cortes, así elegidas podrían actuar con libertad para derogar todas aquellas disposiciones anteriores que fuera necesario, pero ya con un refrendo de la participación ciudadana mediante unas elecciones plenamente democráticas.

La Ley para la Reforma Política se aprobó, como una de las leyes fundamentales (del Movimiento), en las Cortes el 18 de Noviembre de y fue sometida a referéndum de la ciudadanía, tal como se estipulaba debían someterse las antiguas leyes fundamentales del Movimiento para ser modificadas, el 15 de Diciembre de aquel año 76. El resultado no pudo ser más claro, hubo aproximadamente un 77% de participación y la ley fue refrendada por el 80% de los votantes.

Este encaje desarrollaba la teoría de Fernández-Miranda “de la ley a la ley, a través de la ley” y daba paso a un cambio ya irreversible con la posibilidad de legalizar opciones políticas, cosa que fue iniciándose a partir de enero de 1977

La primavera de 1977 floreció con la legalización, en la Semana Santa, del Partido Comunista solicitada el mes de febrero, causando un gran revuelo en los sectores más inmovilistas del ejército y del viejo régimen. Ellos, los comunistas, aceptaron bandera bicolor y que España fuese un Reino, que era  la asunción de la monarquía al frente del estado. Fue un momento de alto riesgo pero que tuvo un resultado positivo y favorable para alcanzar, en un futuro inmediato, una democracia plena, con sus virtudes y defectos, como la que hoy tenemos ya desarrollada. Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Gregorio López Raimundo, Simón Sánchez Montero, Dolores Ibarruri, Ignacio Gallego y muchos otros, pasados directamente por el exilio o por la cárcel de Carabanchel ayudaron a atemperar los ánimos de los más rupturistas dentro del partido para conseguir la legalización del mismo, lo que permitiría el que pudiese presentarse a las anunciadas e inmediatas elecciones generales.

Suarez tuvo la capacidad y la convicción ante Felipe González y su Partido Socialista Obrero Español, que entonces se definía como marxista, de ganarse la credibilidad de éste en el desarrollo de la reforma política en lugar de la ruptura democrática que planteaba toda la izquierda de aquella época. Ello condujo a la democracia plena, aunque mejorable de la disfrutamos  35 años después, mejorable como todo, pero DEMOCRACIA.

Tres pilares básicos tuvo el cambio en España, el impulsor el Rey; el diseñador del entramado institucional Torcuato Fernández-Miranda, ya fallecido y el ejecutor  Adolfo Suarez. De haber faltado uno de los tres el camino hubiera sido inviable. Ahora nos abandona Suarez. La historia le hará la justicia que en su momento no se le hizo, aunque al paso de los años la ciudadanía y la clase política ha ido reconociendo sus méritos.

A mi entender,  la principal enseñanza de su tránsito por la vida española de Adolfo Suárez fue la perdida hoy capacidad de dialogo entre los distintos representantes de la ciudadanía. Capacidad de entendimiento, de pacto, de sacrificio por el bien del estado por encima de la cicatera visión electoral, en definitiva de la POLITICA con mayúsculas.