El final de la legislatura en el Congreso frena el REB balear

En total, se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno, y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

Una vez se publique el decreto de disolución, sólo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto. De entrada, ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que estaban convocadas para este martes.

PROPOSICIONES DE LEY

Además de acoger el miércoles la sesión de control, el Pleno de esta semana iba a debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox y otra de Unidas Podemos. La de Vox era una reforma del Código Penal para, entre otros aspectos, hacer posible que se pueda castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen "atentar contra la unidad o la integridad territorial de España".

La propuesta de Unidas Podemos buscaba obligar a las empresas que trasladen su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país. Esta iniciativa va ligada al caso de Ferrovial, sociedad a la que UP acusa de practicar "piratería económica".

PROPUESTAS DE PP Y PSOE

Igualmente, se iban a debatir dos proposiciones no de ley (una del PP, sobre medidas relativas a la vivienda habitual, y otra del PSOE, sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados), así como tres mociones: dos, de ERC y Junts, que pedían el traspaso del transporte de Cercanías a Cataluña y una del PP, sobre la "deficiente gestión" del Ejecutivo.

En la sesión de contorl prevista para este miércoles, además de las preguntas a Sánchez y sus ministros, se iban a sustanciar tres interpelaciones urgentes. Una de ellas procedía de ERC y versaba sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU; otra, en este caso del PP, proponía examinar la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otra iniciativa, de Vox, dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interpelaba sobre las medidas del Gobierno "para garantizar la integridad territorial de España y la completa seguridad en Ceuta y Melilla".

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