Estamos a un escaso mes y medio de la fecha límite para conseguir la investidura, el 23 de septiembre, o ir inexorablemente a unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre y nuestro presidente de gobierno en funciones se ha ido de vacaciones sin tener ni un asomo de acuerdo de gobernabilidad. Desde el PSOE se insiste en que a finales de agosto o principios de septiembre se presentará a los posibles aliados parlamentarios un programa de gobierno “progresista”, que pueda recibir suficientes apoyos y así evitar la repetición de los comicios.
A principios de septiembre quedará medio mes para el final del plazo, que según el calendario romano será el noveno día anterior a las calendas (día primero) de octubre y, por tanto, quedará muy poco margen para una negociación seria y cabal. Tal parece como si Sánchez siguiera jugando a vestir sus condiciones de ropajes se supuesto ofrecimiento de pacto, pero que ocultan una mal disimulada voluntad de imposición, desde la soberbia de quien se sabe fuerte en las encuestas y juega con el temor de sus posibles socios a que su situación empeore en caso de nuevas elecciones.
Mientras tanto, estamos a punto de entrar en 2020 con unos presupuestos prorrogados desde 2018, una situación insostenible, sobre todo para los gobiernos autonómicos, que están más estrangulados de lo que ya es habitual con el actual sistema de financiación, en especial las autonomías como la balear, aportadoras netas al sistema, que ven como el déficit fiscal, en vez de decrecer, se agranda de año en año.
Es una grave irresponsabilidad de Pedro Sánchez y el PSOE someter a los ciudadanos a este estado lastimoso de la administración pública, que solo satisface a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo, ya que esta prórroga presupuestaria le permite al gobierno español, si no cumplir con el objetivo de déficit, estar muy cerca de ello, pero a costa del deterioro del estado del bienestar y de las infraestructuras.
No hay ninguna garantía de que la composición de los bloques en el Congreso vaya a variar sustancialmente después de unas elecciones en noviembre, con lo que el ridículo sería espantoso. La táctica de Sánchez de imposibilitar un acuerdo con los que están dispuestos a ser sus socios, no sus siervos, podría retrasar indefinidamente la formación de un nuevo gobierno y hacer entrar a la administración del país en un estado de marasmo y atonía, superior al ya existente en estos momentos.
Al final, podría pasar que la investidura de Sánchez quedara fijada “ad calendas grecas” y tuviera que seguir el camino que su predecesor, otro especialista en dilatar la resolución de los problemas políticos y eternizar los plazos hasta que todo se pudría.
