Una testigo protegida del caso de presunta corrupcion en el seno de la Policía Local de Palma, sostiene graves acusaciones contra dos políticos a quienes implica de lleno en la trama que beneficiaba al empresario Tolo Cursach. Se trata de José María Rodríguez y Álvaro Gijón. Este último aún conserva el cargo de diputado autonómico y también el de concejal en el Ayuntamiento de Palma. Todos los titulares de la prensa han optado por destacar que la testigo se ratifica en sus acusaciones iniciales ante los investigadores, también ahora que ha sido interrogada ante los abogados defensores. Obviamente es una forma de verlo. Pero no es menos cierto que la testigo, según los letrados de los acusados, incurrió en inexactitudes que debilitan su credibilidad, además de no aportar ninguna prueba además de su propio testimonio.
Diera la sensación que la práctica totalidad de la causa se sustenta en la declaración de testigos que aportan pocas o ninguna prueba, lo que obliga a los investigadores a proteger a dichos testigos y a seguir indagando para hallar pruebas que corroboren aquellos testimonios. Pero por ahora, el hecho de que alguien diga que Rodríguez y Gijón participaban en orgías sexuales con drogas, no basta para alterar la presunción de inocencia que a todos ampara. Las acusaciones hay que probarlas y no conviene dar por buenos los testimonios sin más, aunque haya quien esté dispuesto a hacerlo en tal de erosionar al Partido Popular. Mientras la investigación siga en curso y buena parte de ella esté bajo el secreto del sumario, tomar conclusiones al respecto es poco prudente.
