La polémica del aborto, al Parlament

La Mesa del Parlament ha admitido hoy la solicitud del grupo socialista en la que se pide que se reúna la Diputación Permanente para decidir sobre la convocatoria de un pleno extraordinario dedicado a tratar una proposición no de ley relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, una reunión que se llevará a cabo el próximo día 25, a las 10 de la mañana.

En consecuencia, será este organismo el que decida si se convoca o no un pleno extraordinario para debatir la proposición no de ley del grupo socialista en la que se insta al Servicio Balear de Salud (Ib-Salut) a garantizar el acceso a la prestación del aborto voluntario en Baleares, según establecela Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La decisión de la Diputación Permanentese tomará una semana antes de que se inicie el periodo de sesiones, previsto para el uno de febrero, una fecha excepcional por cuanto los plenos tienen lugar habitualmente los martes, pero que, en esta ocasión, es necesario celebrar en miércoles, puesto que el reglamento establece que el primero, tras el periodo de descanso navideño, tendrá lugar en la primera semana de febrero y coincide que el mes comienza el miércoles.

La proposición no de ley socialista ha sido presentada tras la polémica originada por el hecho de que el Govern haya decidido suprimir el concierto con las clínicas abortistas, por lo que las mujeres que desean someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, deberán adelantar el pago sin son derivadas de la sanidad pública a uno de estos centros”, un hecho que la oposición ha denunciado, por considerar que se está incumpliendo la legislación vigente.

La propuesta que el grupo socialista pide que se debata en el Parlament insta al Ib-Salut a “reconocer el derecho a la maternidad libremente decidida”, a respetar la decisión que puedan adoptar sobre su embarazo y a desarrollar un plan de educación afectivo-sexual y reproductiva.

Paralelamente, instan al Servicio Balear de Salud a garantizar la prestación de las interrupciones voluntarias del embarazo y a que los abortos se desarrollen con información previa al consentimiento, con protección a la intimidad y confidencialidad, del mismo modo que existe que el Ib-Salut aplique las “medidas precisas para “garantizar el derecho al aborto” según estipula la ley, tanto en centros públicos como privados concertados y acreditados.

Y es que, el grupo socialista entiende que estamos ante una situación en la que se ha eliminado el “vínculo jurídico entre la Administración y las entidades privadas” quedando las mujeres desprotegidas debido a que “no se garantizan sus derechos y se vulnera la ley que regula la interrupción del embarazo, el real decreto y la Constitución”.