El PSIB exige al Govern que "asuma su responsabilidad" y elabore el plan de viabilidad que evite el cierre de los hospitales Joan March y General, al tiempo que critica la "constante improvisación" del Ejecutivo autonómico sobre este asunto, que ha pasado de prever el cierre de ambos centros a paralizar la decisión.
En un comunicado, el portavoz adjunto del partido, Vicenç Thomàs, destaca la necesidad de "reordenar los equipamientos sociosanitarios de la Comunidad para prever la atención que deben recibir las personas mayores y enfermos crónicos".
Sin embargo, considera que todas las decisiones del Govern en materia sanitaria han sido "improvisadas y sin estudiar", recordando el anuncio de la reforma de Son Dureta, "un proyecto inexistente y que no ha sido nunca presentado", señala.
Por todo ello, el portavoz adjunto del PSIB ha exigido al conseller de Salud, Antoni Mesquida, y al presidente autonómico, José Ramón Bauzá, una respuesta "clara" que evite el cierre de los hospitales Joan March y General y, por tanto, la elaboración de un plan de viabilidad para ambos equipamientos.
No obstante, Thomàs subraya que la redacción de este plan debe ser "global y contemplar todos los recursos de Gesma, y no sólo los de un hospital".
"EL PP SERÁ EL RESPONSABLE DEL MAYOR COLAPSO DE URGENCIAS"
Por otra parte, Thomàs ha señalado que "ha sido el PP quien ha tomado la decisión política de expulsar a los inmigrantes de la atención sanitaria y será el PP, y no los profesionales médicos, el responsable de los posibles brotes de infecciones o del mayor colapso de las urgencias hospitalarias".
En este sentido, ha calificado de "irresponsables" las palabras del portavoz del PP en Baleares, Miquel Ramis, "al trasladar sobre los médicos la decisión de atender o no a los inmigrantes irregulares y los posibles riesgos de infecciones".
El portavoz adjunto del PSIB ha criticado que, a una semana de que entre en vigor "este nuevo recorte ideológico" de los 'populares', el Govern "todavía no ha dicho nada ni ha explicado cómo lo piensa poner en marcha", teniendo en cuenta el "caos" que se prevé.
A su juicio, el PP ha decidido con esta medida que la asistencia sanitaria "no sea un derecho de ciudadanía y sólo sirva para las personas aseguradas y sus beneficiarios".
