Una acción judicial dimensionada a la gravedad de los sucesos en Son Sant Joan

Doce de los 24 marroquíes huidos este viernes de un avión en el aeropuerto de Palma declararon ante el juez este lunes, acusados de los delitos de sedición, entrada ilegal en España y desorden público. La estratagema de fingir una enfermedad para forzar un aterrizaje de urgencia en Son Sant Joan puede acarrear a los implicados penas que superan los diez años de cárcel.

El incidente de Palma ha constituido una novedad en la estrategia de la inmigración ilegal, orquestada a través de las redes sociales y, todo parece indicar, perfectamente planificada. Los aeropuertos son desde hace años los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal en España y las pateras, el fenómeno más llamativo por la crudeza de los trayectos y las consecuencias a menudo dramáticas de tal actividad. Con el suceso del pasado viernes, la inmigración ilegal ha dado un paso más, añadiendo al catálogo de métodos para la entrada ilegal, el hecho de forzar un aterrizaje y huir del avión en desbandada.

La consecuencia de tal acción debe ser justa y dimensionada a la gravedad de los acontecimientos y sus consecuencias; unos hechos que provocaron una alarma general, con el cierre del aeropuerto de Palma durante horas. De momento, la decisión de la jueza ha sido la de decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para los 12 detenidos que declararon este lunes.

La acción de los policías y de los jueces -ayudados por nuevos protocolos de seguridad por parte de Aena- debería ser suficiente para que el incidente del pasado viernes quede en un hecho aislado, sin opciones de ser imitado por aquellos que confíen en el método para entrar ilegalmente en el país. La presión de la inmigración ilegal, sin embargo, es tan fuerte que no se descarta que asistamos a otras fórmulas para lograr su objetivo. Contra ello, las fuerzas de seguridad y el peso de la Justicia deben ser la garantía de que tales acciones no tengan futuro.

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