La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, por el caso Son Espases. La Fiscalía, por su lado, le pide cuatro años y medio de cárcel y 16 de inhabilitación. Así, Matas será juzgado como responsable por inducción de dos delitos de prevaricación o uno continuado de prevaricación, un delito de fraude a la administración y un delito de malversación de caudales públicos y como autor material de dos delitos de tráfico de influencias en lo referente a la adjudicación de las obras de construcción del Hospital Son Espases.
Matas será juzgado por la Audiencia de Palma acusado de dos presuntos delitos de inducción a la prevaricación o uno continuado de prevaricación, así como de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y dos delitos de tráfico de influencias, según recoge la jueza en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
En el auto, la jueza ha fijado además una fianza solidaria de 29.500 euros para los cuatro acusados y a la empresa Global PM que deberán constituir entre todos en un plazo de 24 horas, como medida cautelar para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que pudieran ser eventualmente condenados, o el juzgado procederá a embargarles.
En el caso Son Espases, que instruyó el juez José Castro hasta que se jubiló y fue reemplazado por Mora, se ha investigado el presunto amaño por parte del Govern de Jaume Matas del concurso de adjudicación del hospital de referencia de Baleares, la mayor obra pública de las islas, licitada en 2006 por 778,4 millones de euros.
La Fiscalía pide para Matas condenas que suman 4 años y 6 meses por esta causa y 16 años de inhabilitación. Los hechos afectan al procedimiento para adjudicar la construcción, explotación y conservación del hospital y también a un contrato con la consultora Global PM para analizar las propuestas técnicas y económicas que se presentaron al concurso de la infraestructura sanitaria.
Según las acusaciones, la manipulación del concurso la ordenó Matas y la ejecutaron le ex consellera Castillo y el ex director general del Ib-Salut para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL. Tras la publicación en el periódico El Mundo publicó de que la adjudicación sería probablemente para la UTE de OHL, Castillo sugirió en un escrito a la mesa de contratación que pidiera un informe al Consell Consultiu sobre la conformidad del procedimiento seguido en la adjudicación.
Entonces se pidieron informes al Colegio de Ingenieros de Caminos y al de Economistas. Si bien al UTE encabezada por OHL obtuvo la mayor puntuación en el informe de Global PM, tras los informes de los colegios profesionales, la adjudicataria fue finalmente la liderada por Dragados, en diciembre de 2006.
La exconsellera Aina Castillo, que está acusada de los mismos delitos que Matas, a excepción de uno de tráfico de influencias, confesó durante la investigación judicial que en 2006 el entonces presidente autonómico y líder del PP balear le dio instrucciones para que la oferta liderada por OHL ganara el concurso público, orden que se frustró y la adjudicación recayó en Dragados. En este punto, la jueza ha decretado el archivo de las actuaciones iniciadas contra Juan Manuel Villar Mir, presidente del grupo OHL, de quien se sospechaba que había pagado comisiones por la adjudicación.
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