El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha dictado la apertura de juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar por presuntos tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales en la recalificación urbanística de la finca de Son Oms en Palma. Además de dictar la apertura de juicio contra Munar, el expresidente del Parlament Maximiliano Morales y el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, el Juzgado ha reclamado a los dos primeros (Munar y Morales) una fianza de 4 millones de euros a cada uno para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de este juicio.
La Fiscalía acusa a Munar de presuntos delitos continuado de blanqueo de capitales de unos 1,23 millones de euros, prevaricación administrativa por favorecer desde su cargo a una empresa en la que tenía interés directo y tráfico de influencias por influir presuntamente en otros funcionarios o autoridades para propiciar al recalificación.
Solicita que sea condenada a 6 años de prisión, multa de 2,5 millones de euros y el decomiso de otros 246.000, que serían una quinta parte del dinero percibido por favorecer el negocio.
Como petición subsidiaria, en el caso de que no se declarara probado que Munar participaba desde un principio en la empresa que se benefició, la Fiscalía considera que el cobro de cantidades por parte de dicha entidad supondría un delito de cohecho pasivo (en vez de blanqueo), en relación con prevaricación y tráfico de influencias.
En ese caso, el fiscal solicita para la expresidenta insular 5 años de cárcel, multa de 1,2 millones y el comiso de 400.000.
Para Morales, la Fiscalía pide 5 años de prisión, multa de 2,5 millones y el comiso de 246.000 euros.
En el caso de Vicens, el ministerio público considera que no procede imponer ninguna pena porque ya fue juzgado y condenado por blanqueo y prevaricación derivadas de estos hechos en el marco del llamado caso Metalumba.