Televisió de Mallorca se encuentra en la recta final. Con el ERE puesto en marcha para liquidar el ente público y dejar en la calle a 117 trabajadores, previo pago de indemnizaciones que aún se están negociando, ahora resulta que surge un nuevo problema de índole económico. Un juzgado de Palma ha condenado a RTVM apagar 7,7 millones de euros a una filial de FCC por la fallida operación de ubicar la sede del ente público en Son Puig y que se fue al traste después de que el Ayuntamiento denegara los permisos para iniciar las obras. El Consell decidió entonces dar marcha atrás en la operación y como no podía ser de otra manera la empresa llevó a la institución insular a los tribunales y de momento, ha ganado. La sentencia no podía llegar en peor momento con una crisis de caballo y las arcas del Consell llenas de telarañas. La decisión de cerrar el ente público se tomó para ahorrar porque mantener la tele y la radio era inviable económicamente, pero parece que al final la broma de RTVM nos va a salir más cara de lo esperado, porque si al final la sentencia deviene firme seremos todos los ciudadanos los que paguemos la indemnización a FCC. ¿Responsables del desastre? No los hay o al menos no espere que nadie salga a dar la cara.
