Dos de cada 10 expedientes abiertos por la Defensora de la Ciudadanía de Palma son por ruidos

Además, un 13,56 % tiene que ver con quejas referidas a licencias de actividades, un 11.86 % con la Policía Local, un 10,17 % con obras y un 8,5 % con limpieza y recogida de residuos.

Son cifras de la Memoria 2016 de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, cuya máxima responsable, Anna Moilanen, la ha presentado ante el pleno del Ayuntamiento de Palma.

La memoria destaca la voluntad política de invertir en una Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía como resultado de un ejercicio "democrático maduro que permite una valoración y crítica de la propia administración de un órgano independiente e imparcial como es la Oficina", ha señalado Moilanen.

La defensora asumió el cargo en julio del año pasado. Desde entonces, el volumen de trabajo de la Oficina de la Defensora ha experimentado un crecimiento exponencial, duplicando el número de expedientes totales en los últimos cinco meses del año 2016.

En total se han celebrado 80 reuniones de trabajo: 7 de ellas con partidos políticos, 35 con diferentes departamentos municipales, 7 con otras administraciones, 7 con medios de comunicación y 28 con asociaciones que trabajan en nuestra ciudad.

A esto hay que sumar las 80 entrevistas mantenidas entre agosto y noviembre pasado a raíz de los expedientes abiertos, que se han resuelto en un porcentaje del 78,9 %.

En algunos casos la resolución tarda por la falta de respuesta o de una respuesta deficiente de las áreas como son algunos de los expedientes relacionados con la disciplina urbanística, obras, licencia de actividades o ruidos.

Como aspectos a mejorar y las recomendaciones que se han trasladado al consistorio a través de la Comisión de los Derechos de la Ciudadanía, así como a las áreas afectadas, la Defensora ha señalado los siguientes: los tiempos de respuesta al ciudadano, el seguimiento de los decretos y las resoluciones y la eficiencia para corregir una mala praxis en el sistema o una práctica poco eficaz.

También se recomiendan las revisiones de la normativa obsoleta y de los tiempos de los procesos de revisión, la dotación de recursos adecuados a las necesidades de las áreas, la coordinación y la comunicación entre áreas y dentro de las propias áreas y, finalmente, la planificación.

El diagnóstico y la "gran preocupación" de la defensora y su equipo es la "deficiente" capacidad de la administración en el seguimiento y control de la implementación de los reglamentos y ordenanzas que rigen la vida de la ciudad.

Esta incapacidad lleva al infractor y al "incívico a salirse con su total impunidad a costa del ciudadano responsable cumplidor de sus obligaciones como ciudadano, causándole una situación de indefensión y agravio cuya enmienda, si llega, llega muy tarde, en el límite de la paciencia de las personas".