El área de Seguretat Ciutadana inició un expediente disciplinario, considerando la infracción como muy grave, según el artículo 68 del reglamento. Ante ello, el agente presentó alegaciones y estas han sido rechazadas, según ha informado este miércoles Cort.
Esta sanción se viene a sumar a la de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern, que le impuso una multa de dos millones de euros.
HASTA 700 EUROS POR INFRAVIVIENDA
En total, gestionaba hasta 73 infraviviendas por las que cobraba entre 350 y 700 euros. La sospecha empezó por parte de la Conselleria de Vivienda, que trasladó la los hechos a la Policía Local, quienes informaron a la Policía Nacional.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, apuntó que además el funcionario expedientado utilizaba un sistema de control para manipular las facturas de la luz, y hacer así pagar más a sus inquilinos.
Los sótanos y locales comerciales que habilitaba en trasteros eran de entre 8 y 15 metros cuadrados, con baño, ducha, nevera y horno, y no tenían luz ni ventilación. Según ha podido comprobar la policía, estaban en condiciones insalubres, sin apenas higiene, y no cumplían con la cédula de habitabilidad. La mayoría están ubicados en la zona de Gomila, las calles Manuel Azaña, Foners, y en Sa Indioteria.