158 órdenes de demolición y casi 5 millones en multas por infracciones urbanísticas en Mallorca

Las multas coercitivas ha explicado el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, se imponen en caso de que las órdenes no se ejecuten voluntariamente durante el plazo concedido. Entre 2016 y 2017 se han impuesto 231 multas de este tipo.

Igualmente, ha detallado Tugores, de las 81 órdenes ejecutadas en 2017, el 87 por ciento se ejecutaron dentro del plazo concedido por la Agencia, motivo por el que los propietarios pudieron acogerse a reducciones de entre el 80 y el 90 por ciento de la sanción que prevé la Ley.

En cuanto a la tipología de infracción, Tugores ha explicado que no se puede tener constancia si se destinan a alquiler turístico si bien ha incidido en que el 80 por ciento son infracciones que podrían estar relacionadas como la construcción de piscinas o de más habitaciones y baños en viviendas.

Respecto a ello, Garrido ha matizado que si hay constancia de que donde se detecta una infracción urbanística se está realizando alquiler turístico, se remite a la Conselleria de Turismo para que tome las medidas correspondientes.

CASI CINCO MILLONES EN SANCIONES

Durante la presentación de la Memoria de la Agencia de Defensa del Territorio correspondiente al año 2017, Garrido ha detallado que la cuantía de las sanciones y multas impuestas ha pasado del millón de euros de 2015 a los 4,94 millones de euros en 2017.

Los expedientes sancionadores o de demolición incoados realizados en 2015 fueron 43, mientras que en 2017 han sido 203. Las sanciones impuestas también han incrementado, al pasar de 21 a 110.

Otro aspecto que la consellera insular ha resaltado ha sido el aumento en las inspecciones realizadas, al ascender un 55 por ciento con respecto al año 2014, cuando se realizaron 319. En 2017 se llevaron a cabo un total de 707 inspecciones.

Pese a este incremento generalizado en las cifras de la ADT, Tugores ha asegurado que "todavía queda mucho trabajo por delante para dar salida a todas las infracciones que hay encima de la mesa".

En este sentido, ha informado de que al final el año 2017 todavía quedaban 793 expedientes pendientes de incoación, una cifra superior a la del año anterior, cuando se registraron un total de 773 expedientes por tramitar.

"La ADT todavía necesita un refuerzo en realización de la actividad que está desarrollando. Hay previsión para incorporar 24 personas más en la plantilla de la Agencia", ha afirmado el gerente, tras comentar que el modelo a seguir es el modelo de disciplina urbanística de Galicia.

Desde principios de 2016 hasta la actualidad se ha pasado de seis a 23 municipios adheridos a la Agencia y hay tres más -Pollença, Sencelles y Vilafranca- que firmarán el convenio en las próximas semanas. Además, la ADT es competente por determinación legal en todo suelo rústico de cuatro municipios (Escocar, Deià, Banyalbufar y Estellencs), dado que todo su suelo rústico es protegido.