Vuelve el empleo público

El acuerdo de Hacienda con los sindicatos para la convocatoria de más de 250.000 plazas de funcionarios en tres años también traerá consigo que los funcionarios del Estado cobrarán, previsiblemente, una paga extra en julio con la mitad de la subida salarial del 1%, lo que supondrá un aumento medio de unos 340 euros al año. El salario medio anual de un empleado público asciende a 33.933 euros. En España hay 2,5 millones de funcionarios, interinos, eventuales y personal laboral de la Administración del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Sanidad, educación y justicia son los sectores donde más plazas se sacarán a concurso.

El Gobierno insiste en vincular la llamada Oferta Pública de Empleo (OPE) y los Presupuestos Generales del Estado para 2017. ¿Por qué dice eso su Portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo? Por dos razones: una, porque de ese modo presiona a la Oposición para que le ayude a sacar adelante los Presupuestos -se supone que la izquierda quiere que se convoquen las oposiciones y se incremente el empleo público–, y dos, porque la situación del Gobierno es cada vez más insostenible en ese sentido. Al Gobierno de Rajoy le quema en la mano la tasa de reposición, que es la ratio que determina el número de funcionarios de nuevo ingreso que se pueden incorporar en la Administración, en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior. El Ejecutivo de Aznar había mantenido más bien baja esa tasa de reposición, que se disparó a niveles máximos bajo el Gobierno de Zapatero, para volver a caer con el Ejecutivo de Rajoy, si bien ha llegado a un nivel de deterioro en el que solo puede subir.

La dimensión del ajuste acumulado estos años de crisis inquieta a los sindicatos pero en realidad amenaza con convertirse en un problema para el Gobierno y el conjunto del Estado. Desde 2011, el déficit de puestos de trabajo públicos se cifra en 300.000, según cálculos sindicales, y a ello se suma un agravante: el envejecimiento de las plantillas públicas, ya que el 63% de los funcionarios tiene más de 50 años, y unos 230.000 están a punto de jubilarse.

Los datos preocupantes están sobre la mesa del Gobierno de Rajoy: la tasa de interinidad está ya próxima al 25% en todo el sector público y en un área tan sensible como la sanidad, la temporalidad roza casi el 40%, según UGT. En paralelo, la pérdida de calidad de los servicios públicos se hace evidente. El problema exige una solución cuanto antes.

El Gobierno estiró mucho la congelación del empleo público, que es el protagonista del capítulo 1 de los Presupuestos. Sin embargo, no hizo lo mismo con el capítulo 2, donde se imputan la compra de bienes y servicios. Ahí hubo manga ancha, lo cual le alegró la pestaña al sector privado. De alguna manera lo que no se quiso hacer con empleados públicos se hizo fuera con empresas privadas. Para comprobarlo basta analizar los gastos corrientes en bienes y servicios a través de los presupuestos liquidados del Estado, ya que en los iniciales no siempre es así.

¿Sucederá todo esto porque el Gobierno del PP prefiere que sean las empresas privadas las que prestan los servicios sanitarios y educativos para después comprárselos? Aunque la Oposición -entretenida con sus cosas– no se enterase mucho que digamos, podría ser que las restricciones presupuestarias se hayan solapado con una determinada opción política, la del PP, que siendo lícita no debería camuflarse tras la sombra de la tasa de reposición. En resumidas cuentas: el Gobierno de Rajoy no gasta cada vez menos, sino que gasta de manera diferente, a menudo en beneficio del sector privado ligado a los servicios públicos.