Más de 3.500 baleares con movilidad reducida "no salen nunca de casa"

Un 70 por ciento de los ciudadanos de Baleares con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de sus casas y más de 3.500 (un ocho por ciento) no lo hacen nunca, según estudio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) .

Según el informe, un 44 por ciento de este grupo social --hay 46.900 personas en Baleares con movilidad reducida-- pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen.

De hecho, el 40 por ciento considera que si su edificio estuviera "más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.

La directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre, ha asegurado que en ocasiones, el hogar se convierte "en una cárcel para las personas con movilidad reducida" dada "la dificultad para poder entrar o salir".

Por su parte, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, ha hecho hincapié en que "es imprescindible" que las personas con discapacidad sean autónomas para que puedan "participar en igualdad de condiciones y ejercer" su "derecho a la educación, al empleo o al ocio".

El estudio desvela que un 62 por ciento de los encuestados baleares tiene problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo o porque "tienen una deambulación de forma inestable" y que el 38% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.

"La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara", ha explicado Queiruga.

Sin embargo, el presidente de Cocemfe ha asegurado que "nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos que no detectan la necesidad inmediata".

La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio.

En este punto, el estudio detecta que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad.

Para Demarbre, esto pone de manifiesto "la complejidad que representa solicitar ayudas en edificios con un número elevado de vecinos", donde "influye la negociación y la corresponsabilidad" de "un número importante de personas que no siempre están sensibilizadas con los problemas de movilidad reducida".