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Un estudio de la UIB revela que los residentes en autocaravanas en Palma son jóvenes extranjeros con empleo fijo, pero sin recursos para alquilar o comprar vivienda. La crisis habitacional ha llevado a un aumento de este fenómeno. El 64 por ciento ha desistido de buscar alternativas y se requiere una regulación que incluya soluciones habitacionales.

El Govern de Marga Prohens confía en el éxito del programa de alquiler seguro en Baleares para aumentar la oferta de viviendas de alquiler en unos 2.000 inmuebles en una primera fase, hasta llegar a las 7.000. Sin embargo, arrecian las críticas desde la izquierda, con acusaciones de favorecer la especulación y desamparar a inquilinos vulnerables. El sector inmobiliario respalda la medida y se muestra convencido de que el alquiler de viviendas que hasta ahora estaban vacías, favorecerá la contención de los precios, que siguen disparados por la elevada demanda.

El lunes el Govern balear presentó su nuevo programa 'Alquiler Seguro', una iniciativa destinada a incentivar que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas vacías, garantizándoles el pago de la renta a través de una intermediación pública. El objetivo es incorporar al mercado unas 2.000 viviendas, con un límite de alquiler para los inquilinos de 1.050 euros mensuales y un máximo de 1.500 euros, en el caso de Mallorca, que podrán recibir los propietarios. La medida ha sido bien recibida por administradores de fincas y agentes inmobiliarios, quienes aseguran que fomentará la seguridad en el mercado del alquiler.

La Asociación Balear de Inmobiliarias (Abini) apoya el programa 'Alquiler seguro' del Govern, que busca facilitar el acceso a la vivienda en Baleares. La iniciativa promete estabilizar precios y beneficiar a propietarios y residentes, especialmente aquellos con cinco años de antigüedad en las islas, gestionada por profesionales del sector.

La demanda de viviendas de alquiler en Palma ha aumentado un 443 por ciento desde 2019, con cada anuncio en Ciutat recibiendo alrededor de 50 consultas. En el último año, la demanda ha crecido un 24 por ciento, similar a la media estatal, reflejando una alta competencia por escasa oferta en el mercado.

El Govern ha presentado el programa 'Alquiler seguro', que ofrece a propietarios un alquiler tasado con un 30 por ciento del coste cubierto. Busca facilitar el acceso a la vivienda, poniendo 2.000 casas en alquiler y garantizando seguridad para arrendadores y arrendatarios, especialmente jóvenes y familias con rentas medias.

El recientemente aprobado Bono Joven de Alquiler, diseñado por el Gobierno central para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda en alquiler, ha mostrado una efectividad nula en ciudades como Palma de Mallorca, donde el alto precio del mercado inmobiliario impide que esta ayuda alcance a sus destinatarios. Según un análisis de Fotocasa, no hay oferta de alquiler en Palma por debajo de los 600 euros mensuales, uno de los límites establecidos para acceder al bono. Además, sólo el 0,2 por ciento de las viviendas disponibles tienen un precio inferior a 900 euros.

Entidades que combaten la problemática de la vivienda, así como el Govern, ven loable la voluntad de la Comisión Europea de dar pasos "palpables, concretos y eficaces" en esta materia y reclaman que se atiendan las circunstancias concretas de cada territorio y, en concreto, las singularidades que presenta la emergencia habitacional en Baleares.

El Gobierno central y el Govern balear han firmado este jueves un acuerdo de colaboración para cofinanciar las obras de rehabilitación de 55 viviendas de protección pública en Palma. Lo ha comunicado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, tras la reunión que ha mantenido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la sede del Ministerio.

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación" ante las recientes medidas del Gobierno central en materia de vivienda, que "continúan agravando" los problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario, especialmente en Baleares.

Las propiedades cerca de campos de golf en Mallorca son símbolo de lujo, atrayendo a compradores nacionales e internacionales. Según Idealista, seis de los diez mercados más caros de España están en Baleares, destacando el Reial Golf de Bendinat con precios que superan los 8.000 euros por metro cuadrado.

En el tercer trimestre de 2024, el alquiler en Baleares cayó un 7,1% respecto al trimestre anterior, aunque subió un 0,5% interanualmente. Este descenso estacional refleja menor demanda post-verano.

Palma lidera el ranking de ciudades donde más crece el alquiler de temporada en el último año, en detrimento del alquiler permanente, con un 47 por ciento más que hace doce meses. El mercado de viviendas de alquiler permanente en Palma ha visto recortada su oferta en un 46 por ciento en los últimos cinco años. Esto ha sucedido a la vez que el alquiler de temporada se ha duplicado.

El precio de la vivienda nueva y usada en Baleares y Canarias se incrementó un 7,2 por ciento en septiembre en la tasa interanual y un 1% en variación mensual, según los datos recogidos por Tinsa.

La ocupación ilegal de viviendas en España afecta a pequeños propietarios, quienes optan por mantener sus casas cerradas. El partido PI propone modificaciones legales para facilitar la recuperación de propiedades en 24 horas y aumentar penas para okupas. Se estima que hay 120.000 viviendas ocupadas.

Según las cifras de la Radiografía del Mercado de la Vivienda del portal inmobiliario Fotocasa, un 33 por ciento de los residentes en Baleares mostrarían interés en cambiar de vivienda, mientras que solo un 9 por ciento se encuentra dispuesto a ofrecer una.

El Ayuntamiento de Calvià implementa un plan de vivienda pública que incluye la construcción de 300 viviendas en alquiler, clasificadas como Viviendas de Protección Oficial. Además, se promueve la colaboración con el sector privado para facilitar el acceso a viviendas asequibles y mitigar la crisis habitacional en la zona.

Las comunidades autónomas del PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han reafirmado su decisión de no declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler y han señalado que no tolerarán la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno de retirarles fondos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lanzado una advertencia a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda estatal, en lo referente a declarar zonas tensionadas para topar el precio del alquiler.