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La alarmante falta de médicos

Este fin de semana, la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, Manuela García Romero, señalaba a mallorcadiario.com la falta de médicos como uno de los problemas más acuciantes de la sanidad balear. García Romero considera que el déficit de facultativos es real y no está asegurado que se

El Govern confirma la paralización del decreto de la Ley de Símbolos

El vicepresidente y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, ha asegurado este martes que la Ley de Símbolos «se está aplicando con absoluta normalidad» en Balears y ha explicado que el decreto que desarrolla esta normativa se ha decidido «aparcar» para que, así, transcurra más tiempo y el Govern cuente con

El Govern asegura que la Ley de Símbolos no es de aplicación en la UIB

El vicepresidente del Govern y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, ha asegurado este martes en la sesión plenaria del Parlament que la Ley de Símbolos no es de aplicación en la Universitat de les Illes Balears (UIB) ya que la Constitución Española, en su artículo 27, establece la autonomía de

El Govern se inspiró en la bandera española para la Ley de Símbolos

El precepto de la Ley de Símbolos que prohíbe mezclar un símbolo partidista o de cualquier otro tipo en las banderas institucionales de la Comunitat Autónoma o de «cualquier otra administración»  en el ámbito balear,  está basado «en la normativa que protege a la bandera española», ha manifestado el vicepresidente

La Ley de Símbolos traspasa el absurdo

Desde Montesquieu a nuestros día hay un principio básico sin el cual se pone en peligro todo el ordenamiento jurídico: ninguna ley puede ir en contra del sentido común, ni mucho menos soliviantarlo o burlarlo. Es a partir del común entendimiento social compartido por encima de ideologías o intereses de

Antoni Gómez: "La Ley de Símbolos es para preservar la imparcialidad"

El Govern ha aseverado este martes durante la sesión plenaria del Parlament que ni la Ley de Símbolos, ni el decreto que la desarrolla, tienen como objetivo «perseguir docentes», sino que buscan «preservar la imparcialidad» en los inmuebles y muebles en los que la Comunidad Autónoma presta un servicio público.