multas

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, ha impuesto 346.303 euros en sanciones en el 2018 relacionadas con el tratamiento y vertido de residuos. Es la suma de las multas de 62 expedientes tramitados los primeros seis meses del año. Según han informado desde el Govern, el motivo principal de estas sanciones son los vertidos de residuos, la falta de autorizaciones de gestión de residuos, la gestión incorrecta de gestión de residuos y las quemas de residuos no autorizadas.

La Guardia Civil lleva realizadas este verano 52 actuaciones en zonas de protección de la posidonia en aguas del Parque Nacional de Cabrera, así como en Ibiza y Formentera, sobre las que se han formulado 8 denuncias a embarcaciones por fondeo ilegal.

En la campaña estival, la Policía Local de Calvià, en cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia, ha multado ya a seis turistas por balconing u otros similares, es decir cuando saltan o intentan saltar desde gran altura de manera voluntaria e imprudente. El importe de la sanción por este comportamiento es de 600 euros. Según la normativa municipal es una falta grave y los responsables son las personas que lo llevan a cabo, así como aquellas que incitan a estas conductas, sin que pueda extenderse esta responsabilidad a la persona propietaria del establecimiento o persona explotadora.

Según Pere Navarro, de nuevo director de la DGT tras dejar el cargo en la etapa de Rajoy como presidente, su organismo estudia cómo multar y sancionar con punto el uso del telefóno móvil al volante. Navarro adelantó en una entrevista en la 'Cadena SER' que el Gobierno está estudiando subir de los actuales 3 puntos a "entre 4 y 6" la sanción por distraerse con el móvil mientras se está conduciendo. "Desde 2016, las distracciones son la principal causa de accidentes mortales por delante del alcohol y la velocidad. Esto de las distracciones tiene un nombre: el uso excesivo e inadecuado del móvil", dijo el director de Tráfico.

La Policía de Palma ha sancionado 400 coches de alquiler que se encontraban estacionados en la vía pública sin estar alquilados y que no estaban alquilados. Según ha detallado en una nota informativa este jueves el cuerpo policial, la Ordenanza municipal de circulación prohíbe en el artículo 85 que coches sin contrato de alquiler estacionen en las calles.

Más presión policial contra los ruidos, escándalos y ruido en s'Arenal. Según ha podido saber mallorcadiario.com la Policía Local de Llucmajor ha interpuesto 17 multas este pasado fin de semana por incumplimiento de la ordenanza cívica.

Hoteleros mallorquines han reclamado a la Conselleria de Turisme una adecuación de la normativa que regula la instalación de camas supletorias en habitaciones dobles o individuales, cuando así lo solicitan los clientes, y que, en algunos casos, ha supuesto sanciones de miles de euros por sobreocupación. Los hoteleros se quejan de que, en algún caso, estas sanciones se han calculado habitación por habitación, sin tener el cuenta la capacidad total del establecimiento, de forma que algunas multas se han impuesto a hoteles que en el momento de la sanción tenían menos huéspedes que el total permitido para todo el hotel. Esta práctica ya estuvo regulada por una orden ministerial que actualmente, con la nueva reglamentación de Balears, se encuentra derogada.

La Dirección General de Tráfico (DGT) emplea cada día en Mallorca un total de 18 vehículos con radar móvil para controlar otros tantos tramos de la red viaria de la isla. Los tramos controlados suponen un total de 399 kilómetros en las carreteras más conflictivas que, en ambos sentidos, son vigilados para identificar las infracciones por exceso de velocidad. La información, cuyo listado completo aparece al pie de esta información, corresponde a la última actualización de la DGT hace apenas una semana, el pasado 26 de marzo.

Todos los ciudadanos de Palma que quieran realizar alguna gestión de multas deberán pedir cita previa, como ya se hace con las gestiones de ORA, ACIRE y carga y descarga.

La Fiscalía pide 6 años de prisión por presunta malversación para la acusada y el Ajuntament de Artà le reclama unos 33.000 euros de multas.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears celebra a partir del lunes el juicio contra una exfuncionaria del Ajuntament d'Artà acusada de un delito de malversación por apropiarse de 65.080 euros de multas pagadas por infractores, para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel.