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"Las Islas Baleares nunca más volverán a ser discriminadas en los presupuestos" generales del Estado gracias al "factor de insularidad" del Régimen Especial de Baleares (REB), ha afirmado la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha cifrado en 550 millones de euros anuales el beneficio de la nueva ley.

La memoria de impacto normativo del Real Decreto Ley del Régimen Especial de Baleares (REB) concluye que la norma "no afecta a los Presupuestos Generales del Estado ni implica gastos", incluso en la situación de prórroga de los PGE de 2018. El informe que acompaña el texto legislativo señala que el decreto-ley "no supone ninguna variación" presupuestaria en las medidas de transporte porque "no se modifica el porcentaje de bonificación al transporte aéreo" legalmente en vigor ni las condiciones para ser beneficiario.

El Govern ha colocado 400 millones de euros en su vuelta a los mercados financieros, después de recibir una demanda "muy superior" por parte de los inversores, de cerca de 1.100 millones.

La presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, ha asegurado este miércoles que desde Baleares "se ha hecho todo el trabajo y más" para conseguir un nuevo Régimen Especial para las islas y ahora "al que le toca aprobar el REB es al Gobierno de España".

CaixaBank e ISBA, Sociedad de Garantía Recíproca, han suscrito la ampliación del convenio de colaboración entre ambas entidades que permite la formalización de operaciones, siempre avaladas por ISBA hasta los 46.500.000 euros con una cuantía máxima por operación de 750.000 euros.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha reunido este martes con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en La Moncloa. Tras el encuentro, que ha durado dos horas, Armengol ha anunciado que el nuevo REB entrará en vigor en 2019 y que Sánchez se ha comprometido a hacerlo posible "si es necesario con la figura del decreto ley". En su cuenta de Twitter el Govern ha señalado que el acuerdo "garantiza que Baleares estará siempre, como mínimo, en la media de la inversión territorializada".

El número de sentencias dictadas en el tercer trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en Baleares fue de 410. Desde el 1 de 2017 se han dictado un total de 965 sentencias en Baleares, según los datos ofrecidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha señalado este miércoles que desde la Confederación se abstendrán en las votaciones de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible por "discrepancias" sobre los proyectos a financiar. "No nos oponemos pero hay discrepancias en la forma de trabajar de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible y creemos que lo que tenemos que hacer es que haya más tiempo para ver a qué se destinará ese dinero, los proyectos que se van a hacer y poder discutirlos con consenso y diálogo", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.

El líder del PP en Baleares, Biel Company, ha insistido este miércoles en que el superávit de Baleares debe utilizarse para "bajar los impuestos de los ciudadanos y que estos empiecen a disfrutar" y ha criticado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, quiera "repartir" esos fondos para llevar a la Comunidad al "déficit y las deudas". "Después de mucho esfuerzo, de haber superado una crisis, conseguimos con las políticas del Partido Popular que estuviéramos en superávit y ahora a Armengol no le gusta el superávit y lo que quiere es volver a tener déficit, y eso significa deudas", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que para poder sacar adelante una reforma del modelo de financiación autonómica se debe "llegar al consenso" y alcanzar "un compromiso" entre el PP y el PSOE, pero, "previamente", otro entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Como respuesta a una interpelación urgente presentada por el PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montero ha asegurado que trabajará "sin descanso" para intentar lograr ese consenso, para dotar a los ciudadanos de una mejora en la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia.