CC AA

Sáenz de Santamaría cita a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá «probablemente el 16 de mayo» y, en todo

Hacienda podrá intervenir las primeras CC.AA a partir de septiembre

El Ministerio de Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario. Según sus cálculos, todas ellas «tienen capacidad real» para cumplir con los objetivos de déficit y,

Hacienda avisa que cualquier CCAA puede ser intervenida sin previo aviso

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención «inmediata» si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra. Así lo ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la estabilidad

Regiones y ayuntamientos recibirán 35.000 millones para saldar deudas

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de

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Sanidad y CC AA buscan una hoja de ruta para salir juntos de la crisis

  Todos los consejeros autonómicos de Sanidad asisten este miércoles al primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud liderado por la ministra Ana Mato con actitud constructiva y en busca de consensos. El objetivo es diseñar juntos una ‘hoja de ruta’ para salir de la crisis y garantizar la

Las CC AA adeudan 930 millones de intereses por el impago sanitario

Las comunidades autónomas adeudan más de 15.700 millones de euros a sus proveedores sanitarios (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y conciertos público-privados), a quienes debería pagar unos 930 millones más en concepto de intereses anuales de demora, según lo establecido en la actual Ley de Morosidad.